SUPLEMENTO ESPECIAL: II PERIODO DE SESIONES PARLAMENTARIAS

El Grupo Mixto requirió la COMPARECENCIA DE DIECIOCHO MIEMBROS DEL GOBIERNO para que respondieran, ante al Pleno de la Cámara de los Representantes del Pueblo, a preguntas de interés para la ciudadanía

Como es deber del Parlamento, y principalmente de un partido de la oposición, los parlamentarios de CPDS, que componen el Grupo Mixto, sometieron a control al Gobierno, e hicieron comparecer a 18  de sus miembros para responder a una batería de más de treinta preguntas e interpelaciones. El Grupo Parlamentario de los coaligados con el PDGE también hizo algunas preguntas a los ministros

El Grupo Mixto de la Cámara de los Representantes del Pueblo requirió la comparecencia de dieciocho ministros del gobierno, incluido el Primer Ministro, para que respondiera y dieran explicaciones ante el pleno de la Cámara sobre la política de sus respectivos departamentos ministeriales. La sesión de control al gobierno tuvo lugar entre el día 26 y el 28 de septiembre. Pero tal como ocurriera en las sesiones parlamentarias de marzo y abril pasados, la Mesa de la Cámara convirtió en solo preguntas la batería de interpelaciones y preguntas a miembros del ejecutivo,  y eliminó las interpelaciones que se les quería hacer; el presidente del parlamento argumentó que el gobierno no había cumplido todavía dos años para que sus miembros pudieran ser interpelados. Pero el Grupo Mixto creía que esta decisión arbitraria del Presidente de la Cámara podría obedecer a la necesidad de evitar a los ministros del gobierno del PDGE a pasar por el mal trago de hablar sobre cuestiones espinosas para la credibilidad del régimen.

Las sesiones de control al gobierno comenzaron con la comparecencia, a petición del Grupo Mixto, del Primer Ministro Miguel Abia Biteo para responder a una serie de preguntas sobre:

• Los defectos y dificultades en la obtención de los Documentos de Identidad y de Pasaportes; pues se observa que muchísimos guineoecuatorianos carecían de los documentos de identidad personal, porque se les pone muchas dificultades físicas y económicas para obtenerlo, mientras que se les extorsiona en las barreras por no tenerlo.
• La coacción a la libertad de circulación de los funcionarios que supone exigirles una autorización de desplazamiento cuando tienen que viajar tanto por el territorio nacional como al extranjero. El Grupo Mixto entiende que dicha autorización es una herencia colonial que debe terminar.
• Las razones por las que no se edita con regularidad el Boletín Oficial del Estado para que los ciudadanos puedan conocer las leyes y los actos del gobierno y conozcan su derechos y deberes a través del BOE.
• Si se había abierto una investigación en relación al Banco Riggs, y lo que se hace para combatir la corrupción.
• Por último, por qué cualquier cargo del gobierno u otra autoridad puede recurrir a cualquier puesto militar o policial y mandar detener a un ciudadano con el que hubiera tenido diferencias personales, sin denunciarlo previamente a la autoridad judicial, que, en cualquier caso, es la que puede ordenar la detención de un ciudadano en un Estado de Derecho.

Y también como pasara en el primer período anual de sesiones, la mayoría de los ministros, ante la falta de respuestas convincentes, se iban por las ramas, o en el peor de los casos intervinieron en tono no respetuoso hacia los que hacían las preguntas. Así hubo preguntas cuya respuesta no dio casi nada que señalar; fueron las preguntas hechas a:

El ministro del Interior para que explique

• La situación en la que se encontraban los Consejos de Poblados y Comunidades de Vecinos en lo referente a su institucionalidad y gobierno. Porque el hecho de que desde 1989 no se celebran elecciones generales para la constitución de los órganos de gobierno de dichos entes, quedando la designación de sus miembros, sobre la de sus presidentes a la merced de los delegados de gobierno y de otros personajes "influyentes" en la vida política local, a juicio del Grupo Mixto, no respondía a los intereses de las comunidades y de los habitantes que debieran representar ni a criterios democráticos.
• Por qué desde hace dos años se expedían sólo PERMISOS PROVISIONALES DE CONDUCIR y qué significaba dicha provisionalidad, porque se sabía de casos de conductores profesionales con mucha experiencia que cuando iban a renovar sus carnés, se les daba el susodicho permiso provisional. De lo que se puede deducir que la provisionalidad no era como podría pensarse un permiso de conducir en período de prueba, sino que parece deberse a la inexistencia de impresos para expedir dichos permisos; o que se ha establecido la provisionalidad como negocio para alguien, o porque los permisos de Guinea Ecuatorial no tienen validez en otras partes del mundo. ¿Es que la Dirección General de Tráfico, o a quien corresponda, no puede imprimir carnés para la expedición de permisos de conducir?
• Por qué se tenía confiscado desde hace más de un año el pasaporte de la compañera Celedonia por el delegado de gobierno de Añisok a su vuelta de un viaje a España en el que participó en un seminario de formación organizado por la Fundación Pablo Iglesias. En la misma línea de actuaciones, el pasaporte de Marcial Abaga Barril fue confiscado el pasado 8 de mayo por un agente de la policía en el aeropuerto de Malabo por el mero hecho de ser un opositor, situación que se denunció ante este ministerio. Porque siendo el pasaporte un documento personal e intransferible, ¿le podía ser retirado a un ciudadano si no era por decisión judicial basada en indicios fundados de la implicación del titular en actos delictivos que se estuvieran investigando, o por los que se le haya encontrado culpable? No siendo este el caso ¿podía el ministro del Interior ordenar al delegado de gobierno de Añisok, así como al agente de policía antes referido, la devolución a sus titulares de los documentos ilegalmente requisados?

Al ministro de Asuntos Exteriores y Francofonía se le requirió

• para que explique y dé respuesta sobre los incidentes de la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid, así como las razones de su cierre, y se pregunta si era una decisión del gobierno el cierre definitivo de la misma, y si no era así qué medidas se estaban tomando para su reapertura, y a quién beneficiaba dicho cierre. Desde el Grupo Mixto interesaba saber si el gobierno era consciente de los graves perjuicios que causaba  a miles de guineocuatorianos ajenos a los referidos incidentes, así como otras personas interesadas en viajar a nuestro país o simplemente en llevar a cabo gestiones de documentos cuya tramitación compete a la Embajada o a los servicios consulares.
• Así mismo se le pidió que explicara si existían unas tasas oficiales establecidas y publicadas  para los diferentes actos documentados de los servicios consulares en el exterior, en cuyo caso interesaba que el ministro las diera a conocer al pleno de la Cámara. La información que pedía el grupo Mixto se debía a que se observaba un verdadero abuso en los Consulados de Guinea Ecuatorial en el exterior sobre el cobro de tasas sobre los diferentes servicios que prestaban a la gente. Un ejemplo ilustrativo de lo que se denunciaba estaba en que el Consulado de GE en Douala cobraba ahora por un visado de entrada a nuestro país 200.000 F.CFA., cuando hace dos años eran 30.000. ¿Cómo se explicaba este incremento?
• Una confirmación de los abusos y arbitrariedades cometidos por los servicios consulares de GE está precisamente en el hecho de que hace unos días se publicaron por los medios de comunicación estatales una serie de ceses de varios cónsules honorarios de GE en el extranjero alegando graves violaciones a la Convención de Viena vigente en la materia. Por lo tanto, el pueblo de GE tiene el derecho a saber en qué han consistido dichas violaciones y qué daños y perjuicios han causado a los intereses del Estado y del pueblo guineoecuatoriano.

El Grupo Mixto solicitó así mismo la comparecencia del Viceprimer ministro encargado de Asuntos Sociales y Derechos Humanos para que contestara a la siguiente pregunta: ¿Es Guinea Ecuatorial Estado parte de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes, y, si era así, qué medidas y/o acciones ha llevado o está llevando a cabo el gobierno para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en dicho pacto y para luchar y poner fin a la práctica de la tortura en nuestro país?

El titular Función Pública y Reforma Administrativa debía responder sobre los criterios que se siguen desde la Administración Pública para determinar o cambiar el destino de los funcionarios; porque en las administraciones correctamente organizadas, el mecanismo respetuoso con la libertad de los funcionarios es que los destinos se adjudican por concurso público según el mérito acumulado de cada funcionario, y el lugar al que se le destina es una de las opciones a las que el funcionario se haya acogido. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial a los funcionarios se les cambia de destino sin que ellos lo hubieran solicitado, dándose casos de cambios de destino de maestros en pleno curso escolar, además de la utilización del cambio de destino como represalia o castigo a los funcionarios, o como provocación para justificar su cese.

El Grupo Mixto de la Cámara solicitó también la comparecencia del titular de la Seguridad Nacional para que ante el pleno de la Cámara explique

• en qué legislación se basa para enviar directamente a la cárcel a ciudadanos guineoecuatorianos sin mandato judicial alguno, cuando muchos de ellos venían a pasar sus vacaciones en el país o regresaban de algún viaje en el extranjero.
• A este mismo titular de la Seguridad Nacional se le preguntó sobre las numerosas barreras de control de personas que salpican las carreteras y aeropuertos de nuestro país y que dificultan la libertad de circulación de las personas, con el agravante, de que en las mismas se practica la extorsión a la población, el acoso a los disidentes y opositores al régimen y, en muchas ocasiones, atropellos que se han saldado con muertes de personas. Por otra parte, en los aeropuertos nacionales de Bata y Malabo existen fuertes e inexplicables controles de seguridad para los desplazamientos internos, por lo que el Grupo Mixto pregunta al ministro de la Seguridad Nacional por qué los guineoecuatorianos deben sufrir tantos y tan penosos controles, e incluso extorsión y agresiones mortales en sus desplazamientos dentro del territorio nacional, y qué sentido tenía el fastidioso y humillante registro de equipajes entre los aeropuertos de Malabo y Bata.

El Grupo Mixto, también solicitó la comparecencia de la ministra de la Promoción de la Mujer y Asuntos Sociales para que explique la política de su departamento para promocionar a la mujer guineoecuatoriana a fin de que ésta alcance unos niveles aceptables en formación, independencia económica e igualdad con respecto al hombre. Asimismo, que explique al pleno qué políticas se tiene su ministerio para ayudar a las personas discapacitadas y a los viejos.

Algunos ministros, no obstante, intentaron respuestas que dieron lugar a algún tipo de debate:

Al ministro de Sanidad, el portavoz adjunto del Grupo Mixto, Clestino Bacale requirió su comparecencia para que explique y dé respuesta ante el pleno sobre el manejo de la pandemia VIH/SIDA en Guinea Ecuatorial; porque ante la deficiente información y educación a la población , verdadera base  de la prevención contra la infección que los demás países organizan en permanentes campañas nacionales, mucha gente sigue dudando de la realidad del sida en nuestro país atribuyendo las numerosas muertes que ocasiona la pandemia al "kong" o a la brujería. Por otro lado, se dice que dentro del programa de lucha contra el VIH/SIDA el gobierno puso en marcha en septiembre de 2.003 un programa de atención a las personas infectadas por el VIH, incluyendo equipamiento adecuado para un diagnóstico seguro en los hospitales de Malabo y Bata, y distribución de medicamentos antirretrovirales a los enfermos del sida. Consecuentemente, se pide al ministro a que dé respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Todos los actores sanitarios confrontados con la realidad del VIH/SIDA en Guinea Ecuatorial han recibido directivas del ministerio de Sanidad relativas al manejo de las personas afectadas por el VIH?
• ¿Con qué elementos de vigilancia cuenta el gobierno para el control de la epidemia y cuál es la tendencia observada?
• ¿Cuántas personas se estima que están infectadas en todo el ámbito nacional, y cuántas requieren tratamiento y cuántas lo reciben realmente?
• Dispone el país de medicamentos suficientes para atender a las necesidades de todos sus pacientes?

En su respuesta, el ministro de sanidad, Justino Obama, destacó en primer lugar el carácter multisectorial para la lucha contra el SIDA, porque en ella estaban involucrados todos los departamentos ministeriales, o lo que era lo mismo, todo el mundo debía estar por la labor de luchar por la erradicación de la pandemia, y se preguntó sobre qué había hecho CPDS.

Por otra parte, y en un tono prepotente, el ministro descalificó a Bacale de no saber de lo que hablaba  recomendándole que se informara y se formara mejor para hacer preguntas de naturaleza tan específica como las relacionadas al tema del sida. Además, aseguró que su gobierno hacía campañas de sensibilización y al respecto, apuntó que se habían organizado un sinnúmero de seminarios en todo el territorio nacional. Existían, además, organizaciones en las que estaban involucrados personas afectadas por el mal y que acudían a foros internacionales, con independencia de que había 23 centros nacionales donde se controlaba la evolución de la enfermedad, amén de que se acababa de realizar una encuesta para conocer el número de los afectados por el sida en todo el país. Y terminó su primera intervención enfatizando que su departamento tenía ya disponible un presupuesto de más de 1500 millones de F.CFA.

En su réplica el diputado Bacale se quejó de que el ministro no había respondido a la pregunta que se le había hecho en torno a la falta de información a la población sobre los males de la pandemia. Es más, Bacale destacó la carencia de datos sobre la evolución de la enfermedad en el país y de los necesarios esfuerzos que se deberían hacer sobre el particular. En una palabra, no se veía que se trabajaba por la erradicación de la enfermedad y el presupuesto para el próximo año era pura calderilla, lo que demostraba que el tema no era de especial importancia para el gobierno. Por lo tanto, Bacale le recomendó al ministro menos propaganda, menos discursos políticos y más trabajo, porque se daba la sensación de que se abandonaba  a su suerte a los pobres y que los ricos que se las arreglaran a tenor de sus posibilidades, que eran muchas, ahora, en Guinea Ecuatorial.

En otro orden de ideas, Bacale afeó al ministro que en su departamento sólo se luchara por aferrarse a los puestos de mando y no por velar por la salud de los guineoecuatorianos, y le recomendó que pidiera al gobierno más recursos económicos y humanos amén de más coordinación e inversión en equipos sanitarios. El ministro, con las misma actitud displicente que al comienzo del debate, respondió que le había facilitado numerosa documentación y que no se metiera en demagogia barata, y eso era consecuencia de que estaba mal informado por fiarse de datos poco dignos de crédito.

A este mismo ministro el portavoz adjunto del Grupo Mixto le pregunta igualmente para que dé explicaciones sobre la increíble proliferación de consultorios y clínicas chinas en Guinea Ecuatorial, sin que se sepa realmente si las personas que las dirigen están capacitadas y legalmente autorizadas para atender la salud de nuestros conciudadanos. A Bacale le contestó señalando que el ejercicio de la medicina en nuestro país lo realizaban personas con titulación académica universitaria del sector, y al respecto existía un registro en el ministerio y se tenía en perspectiva la creación de un Colegio de Médicos.

Por otra parte, destacó que se habían precintado algunas clínicas que no reunían las condiciones necesarias para la atención de los pacientes, además de sanciones económicas a otras por observar deficiencias en sus instalaciones, con independencia de que se había verificado la autenticidad de los títulos académicos de los médicos chinos en colaboración con la embajada china en Guinea Ecuatorial. Bacale, a su vez, contrarreplicó diciendo que se le había respondido con referencias a proyectos de futuro y no a realidades palpables. No obstante, le dijo al ministro que quería huir de polémicas estériles y le emplazaba para el período de sesiones parlamentarias del mes de marzo para ver los resultados de los proyectos. Y terminó su intervención volviendo a preguntar sobre el número de clínicas existentes en el país, cuáles se habían cerrado y a qué médico/s se había/n desautorizado. El ministro, siempre igual así mismo, no respondió a las preguntas diciendo que no tenía más que añadir, porque tampoco quería polémicas. 

Cabe señalar que durante el transcurso del debate, el presidente de la Mesa de la Cámara le reconvino al ministro de sanidad para que guardara las formas al dirigirse al diputado Bacale, y que, además, respondiera a las preguntas que se le hacía y no pretender que fuera el parlamentario quien respondiera a sus preguntas. Dicho de otra manera, Salomón Nguema Owono le vino a decir que eran los diputados quienes dirigían preguntas a los ministros y no al revés.

Al mismo ministro de Sanidad el Grupo Mixto a través de su portavoz, Plácido Micó, le preguntó sobre las pésimas condiciones de salubridad en las que se expendían los alimentos en los mercados nacionales, al lado de basureros y aguas de dudosas condiciones higiénicas, y sobre el particular Micó indicó que era el gobierno el encargado de velar por la salud de todos los ciudadanos y no, como se pretendía, hacer corresponsables del desaguisado que se observaba a los líderes de la oposición. El ínclito ministro respondió sin ningún rubor que su departamento no era el encargado de la cuestión de alimentación sino el de agricultura, y a este  ministerio colgó la responsabilidad de contestar a la pregunta. Y tan contento, además de que recibió el respaldo del presidente de la Mesa que consideró correcta la respuesta. Micó se quejó de que se le había quitado la palabra, pero el presidente de la Mesa se mantuvo en sus trece, por lo que tuvo que abandonar el estrado.

Al titular de la cartera de Infraestructuras y Urbanismo  compareció esta vez a petición del parlamentario David Nguema del grupo de la Coalición Democrática, que le recriminó sobre el mal acabado de los trabajos de determinadas empresas constructoras concesionarias de obras públicas en el país, que, además, no las terminaban en los plazos establecidos. Por otra parte, el propio diputado David Nguema volvió a preguntar cuándo se iban a terminar los trabajos de la autovía Aeropuerto-Ela Nguema y cómo se realizaban las licitaciones para las concesiones de obras a las empresas. El ministro Ebiaca comenzó relatando sobre cómo se hacían las licitaciones en nuestro país, y al respecto dijo que éstas, podían ser abiertas, cerradas o restrictivas a través de un anuncio público indicando las condiciones de oferta, el lugar y la hora. Respecto de la autovía, el responsable de infraestructuras manifestó que hubo problemas con la primera empresa a la que se concedió la realización de las obras, FITZPATRICK, que sorpresivamente, según el ministro, rescindió unilateralmente el contrato. En la actualidad los trabajos se realizaban por tramos que ejecutaban las empresas RACER, SOGECO, ARAB CONTRACTORS, BOUYGUES, etc..., y el plazo de ejecución estaba entre los 16 y los 22 meses.

El diputado del grupo coaligado con el partido de gobierno replicó que el ministro no le estaba respondiendo a sus preguntas sobre la mala calidad de las obras y sobre las penalizaciones que conllevaba ese mal hacer, volviendo a decir el ministro que existían cláusulas sobre las modalidades de penalización cuando había incumplimientos de contrato. De hecho, explicó que a la compañía Fitzpatrick se le aplicó las disposiciones administrativas de rigor y se le embargó la maquinaria, amén de que el asunto estaba en los tribunales internacionales donde Guinea Ecuatorial ejercerá acciones judiciales para que la empresa constructora devolviera el dinero que recibió como anticipo de sus trabajos.

Al mismo ministro de Infraestructuras le requirió el Grupo Mixto para que dé respuestas sobre la política de "expropiaciones" que lleva su gobierno desde hace algunos años. Porque muchos ciudadanos propietarios de terrenos y solares, edificados o no, se ven privados de los mismos por parte del gobierno, viéndose afectados los aldeanos (cuando en la Ley Fundamental se recogía el derecho de éstos sobre sus terrenos) a quienes se destruían sus plantaciones; todas estas apropiaciones no se ajustan a plano o procedimiento alguno y, lo que era más grave, sin ninguna preocupación por parte de la Administración o el gobierno en reparar los daños y perjuicios causados a los afectados, negociando y acordando con ellos las indemnizaciones a que tienen derecho, según la Ley Fundamental de GE y demás disposiciones concomitantes. El ministro, señor Ebiaca contestó que las obras que realizaba el Estado eran de carácter público y, consecuentemente, eso implicaba la necesidad de hacerse con terrenos que eran de propiedad privada. No obstante, matizó que la medida era de naturaleza excepcional y se ejecutaba por decreto, pero había un procedimiento por el que se daban los plazos para que los dueños ejercieran su derecho a la presentación de pruebas que atestiguaran que efectivamente eran los propietarios de los terrenos. Luego había un proceso de evaluación del monto de los justiprecios y calculó que éste se cifraba entre los 3000 y 4000 millones de F.CFA. para el pago de las correspondientes indemnizaciones.

En su turno de réplica, Micó le dijo que le tomaba la palabra y, al respecto, le emplazó para las sesiones del mes de marzo del año próximo, no sin antes hacerle ver que para expropiar la primera medida era el previo pago del justiprecio, y no ocupar y tratar de pagar más tarde. Como en el salvaje Oeste: "disparar primero y preguntar después". En la misma línea de comportamiento se observaba que a pesar de que la Ley Fundamental de GE, en su art. 29, decía que "el Estado garantiza a los agricultores la propiedad tradicional de las tierras que poseen", el gobierno no ha tenido el más mínimo reparo a la hora de destruir las plantaciones y apropiarse de las tierras correspondientes, a pesar de su pertenencia y posesión tradicional en manos de numerosos aldeanos e incluso de comunidades enteras, y para indemnizarles se les pide ahora títulos de propiedad que saben que no tienen. Y se pregunta el Grupo Mixto si el gobierno pensaba o había pensado en indemnizar en alguna manera el daño y perjuicio causados a  estos ciudadanos, y si era así, cuál era el monto presupuestado para satisfacer esta exigencia de justicia y de sentido común.

De igual manera el portavoz adjunto del Grupo Mixto, Celestino Bacale, pedía que el mismo el ministro de Infraestructuras diera cuenta de la fase en la que se encuentra la construcción de las "viviendas sociales" varias veces presupuestadas en sucesivos ejercicios; y si dichas viviendas sociales estaban ya construidas, o se van a construir, que diga el ministro los criterios seguidos o los que se van a seguir para su distribución o adjudicación, y que diga los requisitos necesarios para optar a dichas viviendas sociales tan necesarias para más del 99% de la población. Respondió el ministro que en Malabo estaban en construcción más de 1700 viviendas sociales; además de 1000 viviendas en Malabo y otras tantas en Bata, a través de un consorcio de la República Checa. Otras 1000 viviendas en Malabo y otras tantas en Bata, por medio de un consorcio hispano-canadiense. Para acceder a las viviendas, el ministro indicó que el procedimiento era la elaboración de una instancia de solicitud al ministerio de Infraestructuras, señalando la situación económica del solicitante. Además, añadió que habría una comisión compuesta de parlamentarios y funcionarios de otros departamentos ministeriales para la concesión de las viviendas que, aseguró, se adjudicarían únicamente a personas de bajos ingresos económicos.

Bacale le replicó diciendo que los datos eran abundantes pero la realidad escasa, porque todo se quedaba en proyectos. Al gobierno de GE habría que llamarlo "Gobierno-Proyectos". El ministro contrarreplicó señalando que se reafirmaba en sus tesis de que había proyectos que se estaban ya ejecutando. 

Al ministro de Hacienda y Presupuestos para que explique el por qué su departamento, y en consecuencia su gobierno, incumple las exigencias legales en materia presupuestaria, tanto en lo que se refiere a los plazos de remisión de los mismos a la Cámara de los Representantes, como en lo referente a la documentación que los han de acompañar, aspecto que vicia y falsea el contenido de los presupuestos. Además debía explicar, asimismo, el paradero y la situación de los 700 millones de dólares USA depositados en el Banco Riggs, y el Grupo Mixto se pregunta por qué no se reflejan en las cuentas generales del Estado; y los intereses que producen, dónde y quién los contabiliza. Así mismo se le pidió información sobre un Banco Nacional de Guinea Ecuatorial que se estaba creando.  Por parte del Ministerio respondió el Secretario de Tesoro, Melchor Esono Edjo (sobrino del presidente).

En cuanto a los presupuestos, manifestó que el ministerio asumía las deficiencias que, en su mayor parte, se justificó, se debieron a los continuos cortes de fluido eléctrico que había en Malabo. Sobre las medidas de acompañamiento a los presupuestos a las que el gobierno un año sí y otro también hacía caso omiso, Micó afirmó que era una constatación de la incapacidad del gobierno por saber hacer las cosas y no un problema debido a los cortes de luz a los que ahora el gobierno quería endosar la responsabilidad. Si se tuviera humildad, especificó el portavoz socialdemócrata, se podría haber pedido consejo al parlamento y un compromiso claro de, en adelante, cumplir los requisitos del Reglamento de la Cámara. Pero no se hizo. Por soberbia primero, y, segundo, por desprecio al parlamento. El secretario de Estado del Tesoro, a quien no le cabía la camisa en el cuerpo, sobre, Esono Edjo aseguró que el gobierno no era incapaz de elaborar cabalmente los presupuestos y que sí hubo una serie de circunstancias adversas que motivaron que se presentaran desordenados, pero que, en definitiva, ya habían sido subsanadas.

Sobre la creación del Banco respondió balbuciendo que un banco no se creaba de la noche a la mañana, además de que se tuvo que buscar socios de reconocida solvencia. Reconoció que, en efecto, el Estado disponía del 30% de las acciones del banco, pero que por  razones obvias de confidencialidad no podía de ninguna manera revelar los nombres de los socios privados de la entidad, pero que, si se quería, se podía acudir al registro de sociedades mercantiles para conocer quiénes eran la contraparte del Estado en el banco. Al portavoz  del Grupo Mixto no le satisfizo la respuesta, porque la existencia de un banco en el que el Estado era el poseedor del 30% del accionariado, se debería dar mayor información sobre por qué no se dio oportunidad a que otros pudieran ser accionistas, quiénes eran esos otros accionistas, ya fueran nacionales o extranjeros y el porcentaje de acciones que tenían, la selección de los cuadros para dar oportunidades a todo el mundo que quisiera buscar empleo, etc...

De los millones en el Riggs, nada de nada.

El titular de Trabajo y Seguridad Social compareció a petición del Grupo Mixto para que dé explicación sobre las Agencias de Trabajo Temporal, porque en virtud de la Ley 5/1999 de 6 de diciembre reguladora de las agencias citadas, son requisitos, entre otros, para el establecimiento de las mismas, una autorización administrativa (Art. 2); la constitución de un Fondo de Garantía inicial por un valor de 10.000.000 de F.Cfa en un banco comercial nacional bajo el control del ministerio de Trabajo (Art.3); la inscripción de toda agencia en un registro en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social /Art.4). Asimismo, las agencias tiene la obligación de remitir mensualmente a dicho ministerio los contratos de puesta a disposición que hayan firmado (Art.6.2). En lo que respecta a las relaciones con los trabajadores, la Ley establece que los contratos de puesta a disposición no pueden tener una duración superior a seis meses (Art.7.c), debiendo ser formalizados siempre por escrito "en el modelo oficial anexo a la ley". En consecuencia, se le pregunta si las Agencias de Trabajo Temporal actualmente existentes en el país, cumplían con los requisitos legales mencionados. Y si era así, la Cámara de los Representantes del Pueblo debía saber el número de las agencias actualmente existentes, así como sus nombres comerciales y los de sus directores y propietarios; conocer las autorizaciones de establecimiento de cada una de ellas, si es que la tienen; los números de cuenta de sus Fondos de garantía con indicación de la entidad bancaria donde lo tienen constituido; el número de registro de cada una de ellas en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, el número de contratos de puesta a disposición suscrito por cada una de ellas, señalando la duración de cada uno de ellos. 

Fue el portavoz del grupo Mixto, Plácido Micó, quien se encargó de hacer las preguntas, a las que medio respondió el titular de Trabajo diciendo que la respuesta era positiva, en el sentido de que los propietarios de las agencias de trabajo reunían las condiciones exigidas por la ley. Y citó el nombre de algunas de las mismas (APEGESA, BOMDEN SERVICE, EMSA, NOMEX, etc...) y el número de las cuentas bancarias de los propietarios. El portavoz del grupo socialdemócrata le corrigió añadiendo el nombre de ATSIGE, por lo que era de deducir en pura lógica que el ministro le había dado una información parcial. Por otro lado, Micó le puntualizó que los números que había dado a conocer al pleno no eran los del fondo de garantía al que se refería ley, sino el de las cuentas bancarias personales y ese no era el requisito. El ministro, como en el mes de marzo, no supo qué decir y se sacó de la manga que los números de las cuentas personales respondían a las exigencias de la ley, además de informar de que conocía de la existencia de otras agencias que operaban clandestinamente y que cuando se enviaban inspecciones  desaparecían en la naturaleza. "Inocentemente".

Al ministro de Justicia y Culto  se le hizo varias preguntas, algunas de cuyas respuestas dieron lugar a debate con los interpelantes del Grupo Mixto:

Se le preguntó  por qué algunos ciudadanos se encontraban recluidos en el presidio de Black Beach desde hace meses, incluso años, y sin mandato judicial alguno. Es el caso de  Jerónimo Mba Obama (un año y seis meses), Vidal Bamaba (11 meses), Antonio Mba Nguema (casi dos años), Bienvenido Samba (dos años), Weja Chicampo (cerca de dos años), Salvador Bibang Esono (año y medio), Pedro Mba Ndong (cerca de un año), Marcelino Nguema Esono, José Antonio Nguema; Carmelo Ncogo Mitogo, Jesús Micha Micha, Juan María Itutu Méndez, Juan Pedro Ncogo Abang y Juan Bestúe Santander; residentes en Gabón y extraditados ilegalmente a Guinea Ecuatorial el 14 de junio de 2004 por los incidentes de Corisco, Apolinar Nze Piter, (medio año),Herminio Echube Orichi, Miguel Ribeiro Lomopua y Raimundo (medio año). Para el Grupo Mixto esta forma de proceder es inaceptable, ilegal y discriminatoria. También se le preguntó porqué los detenidos y presos tenían que realizar trabajos forzados en casas y haciendas de altas personalidades civiles y militares del país, como si de esclavos se tratara. Por último el grupo mixto quería saber cuál era la política penitenciaria de su departamento.

En representación del Ministerio de Justicia estuvo el viceministro; en su respuesta, hizo elogios a la justicia nacional, de la que dijo que era un objetivo prioritario del gobierno del PDGE, porque los temas de justicia eran sensibles a todas las personas. Y sobre el particular, además de reconocer lo pertinente de las preguntas, informó que en relación a los detenidos sin mandamiento judicial que había enumerado en su pregunta el diputado Micó, aclaró que en primer lugar la información sobre las personas detenidas llegaba al ministerio a través de la dirección general de Instituciones Penitenciarias. Admitió también que, efectivamente, las personas citadas estaban encarceladas en Black Beach, pero que le constaba que habían sido detenidos con mandamiento judicial y los delitos de los que se les acusaba eran de atentado contra la seguridad del Estado, de conspiración y otros cargos de naturaleza similar. No habían sido traducidos a los tribunales hasta ahora por la sencilla razón de que las investigaciones seguían todavía su curso, dijo con rotundidad el viceministro. Sobre los trabajos forzados y detenciones extrajudiciales manifestó que eran situaciones que se salían del margen de la legalidad y, por tanto, se tenía que castigar estos comportamientos. "Existen todavía este tipo de casos aislados pero que cuando eran detectados por el gobierno se subsanaban de inmediato", reconoció entre dientes. No se podía culpabilizar al ejecutivo por casos, repitió, aislados.

En lo referente a la política penitenciaria, el joven turco de la nueva hornada del PDGE (sentó sus reales y se dijo aquí estoy yo para defender a mi régimen contra los impíos y para lo que haga falta), recomendó que había que saber de dónde veníamos, dónde estábamos y a dónde queríamos llegar. Enfatizó que se había hecho mucho por mejorar las condiciones de vida de los presos con el acondicionamiento de los establecimientos penitenciarios de Malabo y Bata con la instalación de agua y luz en los mismos, la atención médica gratuita a los penados enfermos (como si los presos enfermos la pagaran en alguna parte del mundo), disfrute de permisos extraordinarios por diversos motivos como asistir a entierros de familiares, etc... Dentro de la abundancia de realizaciones del gobierno del PDGE, no se privó el joven viceministro de alabar la ¿creación? de un cuerpo de funcionarios penitenciarios para la custodia y atención de los presos; el habeas corpus, que garantiza el derecho de los ciudadanos  a ser juzgados dentro de un plazo límite después de su detención, para que el juez decida la procedencia o improcedencia de la detención  (en el caso que nos ocupa muchos de los detenidos llevan más de 18 meses detenidos y ningún juez los ha visto y dicho sobre la procedencia o no de sus detenciones), además de que el ejecutivo estaba elaborando el proyecto de ley sobre la asistencia al detenido. El no va más, vamos.  

El diputado Micó le replicó que, no había respondido a ninguna de sus preguntas. No existía ese fantasmal cuerpo de funcionarios penitenciarios al que el viceministro acababa de hacer mención ¿alguien lo había visto?, con independencia de que había faltado a la verdad al asegurar que existían mandamientos judiciales por la detención de las personas repetidamente citadas, ni tampoco ninguno de ellos podía tener cargos en su contra por la evidente razón de que ninguno de ellos había sido oído en declaración ni tenido asistencia letrada alguna. Inventos del régimen. El portavoz del Grupo Mixto, en un rasgo de humor, recordó una anécdota sobre un ministro de hacienda de un país africano que reiteradamente negaba fondos a su colega de educación pero que sí los daba al de justicia para las cárceles. Cuando se le preguntó por qué a uno sí y al otro no, respondió astutamente el ministro de hacienda: " Yo a la universidad ya no volveré; pero en la cárcel nos podemos encontrar todos y el día que me lleven a  prisión deseo encontrarla en buenas condiciones". Al buen entendedor... No se sabe si el viceministro cogió el sentido de la anécdota, porque, ere que ere, insistió  en que había dado las respuestas adecuadas y que ninguno de los presos mencionados había sido todavía condenado, salvo uno, que lo había sido recientemente en la causa militar sumarísima que se acababa de ver en Bata. En cualquier caso, y como iba de recomendaciones, aconsejó a Micó que reconociera lo que hacía bien el gobierno y no ver solo lo malo. "Cuando las cosas están bien hechas hay que decirlo, y si no también", citó el viceministro. 

El Grupo de la Coalición Democrática, a través de su portavoz adjunto, David Nguema, preguntó al ministro de Transportes, Tecnología, Correos y Telecomunicaciones ( lo sustituyó el viceministro Francisco Mba Olo Bahamonde) sobre la manifiesta ausencia de una política reguladora  sobre el transporte en Guinea Ecuatorial; sobre la nula política de formación del personal de plantilla del ministerio; sobre el transporte aéreo y marítimo (sólo se daba importancia al sector aéreo por los beneficios personales que acarreaba, dejando de lado el marítimo). ASECNA. Número de compañías aéreas existentes en Guinea Ecuatorial. Sus dueños y requisitos para constituir una compañía aérea. Estado de EGA. Situación del avión INMACULADA. Dónde se repara y coste de la reparación. Accidente aéreo y las razones por las que no comparece ante la Cámara el ministro titular del departamento y qué medidas va tomar el ministerio. Significado de ADGE. GETESA y las razones de que existan ahora 18 técnicos expatriados en lugar de los 3 acordados en la firma de la constitución de la empresa. Diferencia abismal en GETESA entre el salario de los expatriados con el de los guineanos. ¿Qué hace GECOTEL?

La extensa como pertinente batería de preguntas al viceministro del ramo, Mba Olo, obligó a éste a desplegar todo tipo de argucias para capear el temporal con más voluntad que aciertos.

Sobre la política del ministerio declaró que el objetivo era integrarse en la nueva era de la tecnología y, para ello, se había elaborado la nueva ley, ya aprobada, sobre las telecomunicaciones que vendría acabar con el monopolio asfixiante que ejercía sobre las telecomunicaciones en el país la empresa GETESA, porque permitiría la concurrencia de otras operadoras de telefonía, además de la ya existente. Respecto de la formación del personal, Mba Olo informó que existía un acuerdo sobre formación de cuadros entre Guinea Ecuatorial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones; y de Getesa dijo que ésta había crecido y evolucionado mucho desde su creación en 1982, amén del vertiginoso cambio habido en el mundo de la telefonía móvil, por lo que no era exagerado que se necesitara mayor número de técnicos cualificados. De GECOTEL informó que se habían realizado gestiones para mejorar su funcionamiento con acuerdos con Correos de España y la Fábrica de Moneda y Timbre, también de España, para la emisión de sellos. En relación a ASECNA expresó que era un organismo multinacional integrado por Francia y 17 países africanos, con la finalidad de garantizar la seguridad de la navegación aéra, y sus ventajas estaban en los numerosos cuadros guineanos que se formaban en sus centros de Dakar, Niamey y Antanarivo em materias tan diversas como el control aéreo, administración y gestión, etc... El número de compañías aéreas en Guinea Ecuatorial ascendía a 12 (EGA, sin avión, GETRA, UTAGE, GEAL, GEASA, AIR GUINEA, GUINEA CARGO, COAGE, EQUATAIR, AGE, PANAIR, etc...Aseguró, asimismo, que había inspectores aéreos en nuestro país pero no a nivel oficial, porque debían recibir todavía formación ?

Sobre EGA, remitió la búsqueda de información a la dirección de la empresa, y ADGE era Areopuertos de Guinea Ecuatorial, una empresa mixta constituida con capital mixto (el 60% lo tenía una empresa privada, el Estado de GE, el 5%; ASECNA, el 2% y el 33% restante lo repartían diversos accionistas. Para la constitución de una compañía aérea eran requisitos indispensables entre otros, la elaboración de un expediente con las rutas que se quería explotar, documentación de las aeronaves, contrato de explotación, solvencia económica de los solicitantes, etc... Sobre el transporte marítimo, el viceministro Mba Olo dijo que se estaba haciendo un estudio el establecimiento de una incipiente marina mercante en GE.

Y del avión Inmaculada no arrojó más luz de la poca que existía: estaba en reparación, pero se barajaba pagar o vender la aeronave y en eso estaba el asunto. O sea, nada. Y en respuesta a lo concerniente a la catástrofe aérea, remitió al pleno al informe de la Comisión de Crisis que formó el gobierno y que el primer ministro leyó en la Cámara el lunes 26 de septiembre.

En su turno de réplica, el diputado David Nguema, del mismo partido que el viceministro de transportes, ADP, manifestó su insatisfacción porque intuía que los ministros acudían al parlamento a burlarse de la institución, y de allí que no se hubiera presentado el titular de la cartera. Por otra parte, el diputado adepegista tildó el informe que leyó el jefe del ejecutivo como un documento elaborado para sacarse de encima a la Cámara de los Representantes. No decía nada. Y en relación a la situación del personal técnico del ministerio, el parlamentario coaligado aseguró que el departamento disponía de excelentes técnicos que eran ninguneados en beneficio de los de nacionalidad extranjera. De Getesa, y al hilo de la respuesta de su correligionario viceministro, dijo estar de acuerdo porque se había ampliado la empresa, pero observaba con estupor que jóvenes franceses recién egresados de escuelas técnicas de su país venían a realizar prácticas en GE, en detrimento económico y de formación de los naturales del país a quienes se negaba esta oportunidad de trabajar y adquirir conocimientos sobre la marcha. Citó el ejemplo de un contable guineano de la empresa que tuvo un déficit de 40 millones de F.CFA y fue despedido sin contemplaciones. Sin embargo, se contrató más tarde a uno francés que tuvo un déficit de nada menos que de 400 millones de nuestros francos y se fue sin ningún sobresalto. Ahora se tenía contratado a un contable gabonés que cobraba la nada despreciable cantidad de 10 millones de F.CFA. mensuales. De lo que se deducía que en Guinea Ecuatorial el dicho gabonés de "Gabon d'abord" no existía en Guinea Ecuatorial. Todo lo contrario. En nuestro país es: "los últimos, los guineanos". En GECOTEL, más de lo mismo, pero en beneficio de la cúpula de la entidad. Los miembros del consejo de administración se subieron los sueldos ampliamente y los operarios se quedaron tal cual. 

Sobre ASECNA, David Nguema preguntó qué se había hecho de los informes que emitió el organismo sobre navegación aérea después de la catástrofe del EQUATAIR. Nada, pero a quienes se molestaba un día sí y otro también era a los técnicos guineanos. ¿Eran los culpables? EGA era la compañía aérea de bandera de todas las del sector, porque era la representativa del país y el ministerio de tutor era el de transportes. ¿Existía todavía esa compañía y quién era su presidente? ADGE, ¿quiénes eran los accionistas guineanos de la empresa, el viceministro le negó la respuesta porque no figuraba entre las preguntas que se le remitió por escrito. David Nguema lo tomó con humor, pero dijo temer que los accionistas serían la misma gente de siempre. Y del Inmaculada, el diputado pidió que se fuera honesto y que no se respondiera con evasivas, porque no entendía cómo un nuevo avión, se estropeaba al mes de comprarlo. ¿No se aseguró el avión cuando se adquirió como se hace cuando se compra un coche o una casa nueva? No tenía sentido todo lo referente al Inmaculada. 

El viceministro Mba Oló respondió que era increíble que el diputado David Nguema dijera que el gobierno mentía sobre la caja negra, cuando hacía dos días escasos que el primer ministro había informado ante el pleno de la Cámara que la caja citada no tenía nada registrada. No obstante, Mba Oló se justificó diciendo que el Antonov siniestrado se fabricó en la década de los 60 y que no le constaba al gobierno que desde entonces hubiera pasado alguna revisión técnica, además de que cuando se abrió la caja negra no estaba ningún responsable técnico o político de Guinea Ecuatorial. Este doble reconocimiento de la ausencia de revisión técnica del avión durante tantos años y que se comprara o se alquilara conociendo esas deficiencias y que, para mayor inri, se diera su autorización para volar y transportar a personas, daba mucho que pensar sobre la sensibilidad de los gobernantes de Guinea Ecuatorial por las vidas de sus conciudadanos; y que como corolario a esa concatenación de errores de bulto, o de ignorancia, que tampoco estuvieran presentes representantes autorizados del país cuando se realizó la inspección del contenido de la caja negra, mereció la reprobación unánime de toda la Cámara al miembro del gobierno que tuvo que pedir perdón.

En los últimos tramos de su intervención, Mba Oló, ya tocado por los abucheos, manifestó que el funcionamiento arbitrario de Getesa se debía a su situación de dominio absoluto del mercado de la telefonía en Guinea Ecuatorial, y que se iba a corregir con la nueva Ley de Telecomunicaciones. No conocía el detalle de la elevada subida de salarios de los miembros del consejo de administración de Gecotel en detrimento de los operarios; y se reafirmó en lo dicho sobre la aeronave Inmaculada. Y terminó alabando la gestión del gobierno en su tratamiento sobre todo lo concerniente a la catástrofe aérea.

Sobre ese mismo accidente intentó hablar el portavoz del Grupo Mixto, Plácido Micó, preguntando al viceministro sobre el número exacto de víctimas, las responsabilidades políticas y técnicas que conllevaba un accidente de semejante magnitud, porque la gente tenía el derecho de formarse una opinión cabal y responsable, fue abruptamente interrumpido por el portavoz adjunto del PDGE, Batho Obama Nsue Mengue, que alegó que los grupos de la oposición de la Cámara querían hacer leña del árbol caído y, con ello  tratar de sacar rentabilidad política al accidente. Desgraciadamente, para el debate y para el pueblo, el vicepresidente primero de la Cámara, Serafín Seriche Dougan, se puso de parte de su correligionario político arguyendo que el tema ya se había dilucidado en la comparecencia del primer ministro del lunes 26 de septiembre, amén de que era el jefe del ejecutivo quien respondía por el gobierno en su conjunto y no al revés. En resumen, que el viceministro no podía dar más luz al tema del que ya dio el jefe del gobierno. O sea nada.
A renglón seguido de esta abortada serie de preguntas que el Grupo Mixto quiso hacerle al viceministro de Transportes, compareció la viceministra de Agricultura para responder a las preguntas del portavoz adjunto de la Coalición Democrática David Nguema sobre la política agraria de su ministerio y las enajenaciones del patrimonio del departamento a favor de personas particulares. Respecto del primer tema, la representante del departamento de Agricultura Pelagia Abeso Tomo, explicó que la política agraria del ministerio arrancaba desde la celebración de la Conferencia Económica Nacional de noviembre de 1997 que tuvo la finalidad de reducir la excesiva dependencia alimentaria del exterior. A tal efecto, el gobierno había estado apoyando la creación de agrupaciones de agricultores a través de programas como PESA e INPAGE, y estaba construyendo escuelas; y sobre los terrenos enajenados por el ministerio a particulares, reconoció que aquello ocurrió hace 15 años y que el actual equipo de gobierno ministerial había puesto coto a este tipo de prácticas.

En el turno de réplica, el diputado de CD le felicitó por su elocuente literatura que, por otra parte, no le convencía. Porque el ministerio no construía escuelas como se había jactado la viceministra, ni era un centro comercial para hacer la competencia a la gente del campo. El ministerio era un facilitador y no un competidor de los campesinos, aunque reconocía en cierto modo que tenían una mala herencia de los equipos anteriores, pero que la planta que se construyó en el puerto de Bata se estaba pudriendo por falta de actividad. Resumiendo, el gobierno debía buscar financiación para los agricultores en bancos comerciales y no tratar de competir con aquellos, además de que el dinero del ministerio se había empleado en campañas electorales del PDGE.  Por otra parte, David Nguema, experto en la materia como antiguo funcionario del ministerio, denunció que  la extensión agraria estaba a manos de técnicos cubanos que cobraban sabrosos salarios del gobierno para no hacer nada, cuando los propios técnicos nacionales podrían hacerlo.
La viceministra respondió a David Nguema que sus denuncias no tenían razón de ser porque su partido formaba parte del gobierno al que criticaba, para añadir que las escuelas de las que había hecho mención eran fruto de las obras sociales que se exigía que realizaran  las empresas madereras por la tala de árboles en nuestros bosques. Asimismo, destacó que el sector privado no estaba interesado en la comercialización de los productos agrarios, pero que cuando se interesase no cabía duda que el gobierno apoyaría al sector mencionado. Sobre la enorme planta del puerto dio la razón al diputado, pero se justificó señalando que se hizo grande pensando de cara al futuro.

A la misma viceministra de Agricultura el Grupo Mixto, a través de su portavoz Plácido Micó, solicitó su comparecencia para que explique el por qué los insumos para el ejercicio agrícola de cacao que habitualmente llegan al país a mediados de marzo se hayan desembarcado en el puerto de Malabo a principios de la segunda quincena de agosto. Porque por la llegada extremadamente tardía de los insumos, sobretodo el sulfato de cobre, se ha podrido la cosecha de cacao de la inmensa mayoría de los agricultores de la isla de Bioko. ¿Qué disposiciones va a tomar el gobierno para compensar económicamente esta pérdida de poder adquisitivo del hombre del campo de la que dicho gobierno es responsable subsidiario, por negligencia, y qué piensa hacer el propio ministerio para que no se vuelva a repetir tan nefasta situación?

Compareció la viceministra del departamento, Pelagia Abeso Tomo y contestó que los insumos llegaron a Malabo en la segunda quincena del mes de marzo, pero por la falta de capacidad del puerto de Malabo el barco que los traía tuvo que desviar la carga a Bata, y de allí el retraso en la entrega de los insumos a los agricultores de la isla de Bioko. Sin embargo, no se podía afirmar que la campaña se hubiera estropeado en su integridad, por lo que, de momento, no se podía hablar de indemnizaciones. Tampoco era nefasta la situación como pretendía hacer ver el portavoz del grupo socialdemócrata de la Cámara, porque se habían buscado mecanismos para que no fuera así. Micó le respondió que nunca el gobierno del PDGE reconocía que hacía las cosas mal, porque no era verdad que no se hubieran producido pérdidas en las cosechas, pero algún día el partido gubernamental pagaría un elevado precio político por esta manera de tratar al pueblo. La viceministra, a su vez, manifestó que la pérdida de la cosecha no podía deberse única y exclusivamente a la falta de los insumos, sino también a una prolongada sequía, o a las excesivas lluvias, como las que estaban cayendo ahora en la isla; aunque tampoco había finalizado la campaña como para asegurar que se había perdido la cosecha.

En la misma inteligencia, Celestino Bacale preguntó seguidamente al ministro de Información, Turismo y Cultura, sobre la política de su departamento y las razones por las que hasta ahora se observa  que sigue habiendo un veto a los partidos políticos de la oposición en los medios de comunicación del Estado, a pesar del Pacto Nacional y sus sucesivas evaluaciones y  los Acuerdos de Mbini entre el gobierno y las partidos políticos. Sin embargo, salvo en las campañas electorales, el único usufructuario de los mismos  es el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Para mayor abundancia, Bacale le recordó al ministro que en el último encuentro del presidente Obiang con los dirigentes de CPDS, éste les dijo que había puesto al frente de la cartera de información a un miembro de un partido que era de la oposición, el del ministro Nsue Mokuy, la Convención Liberal Democrática (CLD). Por otra parte, debería de explicar igualmente si existen programas formativos en RTVGE, y si los hay que diga cuántos, además de informar si hay programas de producción propia, porque el ciudadano sólo ve películas extranjeras y programas realizados hace más de diez años.

El ministro aceptó en primer lugar que era de un partido de la oposición, pero que en esos momentos iba a hablar como un miembro del gobierno que comparecía ante el pleno del parlamento. (...pasa a la página 11)

Por lo tanto, explicó que la política de su departamento se sustentaba en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial y en la de Prensa e Imprenta. El ministerio a su cargo no pretendía inculcar a la ciudadanía una política informativa uniforme, sino diversificar los contenidos informativos. Reconoció que el gobierno y los partidos políticos acordaron el acceso libre a RTVGE (10 minutos en tiempos no electorales y en campañas electorales los tiempos se ampliaban). El problema, para el ministro, estribaba en que todas las formaciones políticas no utilizaban el mismo lenguaje en los medios nacionales o extranjeros. Unos eran moderados y respetuosos con los demás y otros, señaló a CPDS, se libraban a un ejercicio continuo de insultos e injurias tratando así de mancillar el nombre y el honor de los otros. Afirmó, además, que el PDGE, como el partido de mayor implantación en el país, tenía derecho a mayor presencia en los medios de comunicación del Estado.
Sobre los programas de producción propia, Nsue Mokuy citó una serie de programas formativos existentes en RTVGE, aunque reconoció que por razones de carencia de medios técnicos y humanos, la capacidad de producción era muy limitada. No obstante, informó que su ministerio disponía de 4000 millones de F.CFA para equipar de medios técnicos a los centros emisores, e invitó  a CPDS a que contribuyera a que hubiera mayores disponibilidades económicas para la producción propia de programas y películas y así mejorar los medios de comunicaciones, porque, según él, nuestra formación política gozaba de excelentes apoyos en los medios financieros españoles. Puso como ejemplo de estos influyentes círculos económicos a ASODEGUE. Para llorar.

Bacale le agradeció la invitación para cogobernar el país, porque hacerlo para participar en la coproducción de programas y películas era una forma de reconocer la incapacidad de gobernar Guinea Ecuatorial. El portavoz adjunto del Grupo Mixto insistió en que los partidos de la oposición no tenían acceso a RTVGE y la cita de las leyes, como había hecho el ministro Nsue Mokuy, era pura demagogia. Bacale negó el derecho del PDGE a usufructuar en exclusiva los medios de comunicación de todos los guineoecuatorianos, aún cuando estos medios nadie los oyera o los viera empezando por la propia gente del PDGE. Porque era una verdadera tortura para los oídos entrenados escuchar u oír las  emisiones de RTVGE por lo mal que se hablaba el español y, desgraciadamente, no había visos que se fueran a mejorar, terminó diciendo.

El ministro replicó que no le había cursado ninguna invitación a CPDS a cogobernar el país, además de que no entendía cómo el diputado Bacale podía criticar las emisiones de RTVGE si reconocía que ni las oía ni veía. CPDS, enfatizó exultante de gozo, sólo tenía dos escaños en la Cámara por lo que no podía compararse con el PDGE que tenía noventa y dos. No obstante, aceptó la recomendación de mejorar los medios de comunicación de todos los ciudadanos como colofón a su desmesurado y demagógico discurso político, jaleado,
cómo no, por sus compañeros de coalición.

El Grupo Mixto pidió también la comparecencia del titular de la cartera de Educación, Ciencia y Deportes para que contestara sobre cómo garantiza el gobierno el derecho constitucional de todo ciudadano guineoecuatoriano a la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria. Y también debía dar respuesta sobre si el Estado tenía establecido un sistema de apoyo a las familias con hijos en edad escolar, además de si tenía algún sistema para incentivar el estudio, en forma de becas en sus diversas modalidades a los estudiantes de todos los niveles. Si la respuesta era afirmativa, debería decir a cuánto ascendían dichas ayudas para el curso académico 2005/06, y qué número de estudiantes se beneficiaban de las mismas. El viceministro doctor Mbana respondió con un discurso ampuloso y hueco plagado de citas latinas y de filósofos de la Grecia Antigua con la manifiesta intencionalidad de epatar (deslumbrar) a la audiencia que, todo hay que decirlo, estaba entregada porque suponía que, por fin, había llegado alguien para cerrarle la boca a Micó. Aceptó que la gratuidad de la enseñanza primaria en nuestro país era un precepto constitucional y que se quería extender al primer ciclo de la enseñanza secundaria. Alabó la política de su gobierno al editar libros para la enseñanza primaria y que se habían distribuido gratuitamente a todos los centros primarios de Guinea Ecuatorial, lo que, a su juicio, superaba con creces la política en la materia del gobierno español. En España, enfatizó, se pagaban los libros y en nuestro país no. Lo que sí pagábamos eran los carnés y los boletines. Pero lo que no podía hacer el gobierno del PDGE era obligar manu militari a que los niños acudieran a las escuelas; su gobierno prefería el incentivo del regalo que era la gratuidad de la enseñanza en ese ciclo. De becas, nada.

Micó replicó que la respuesta era insatisfactoria y el discurso que había pronunciado el viceministro Mbana, para deleite de su público, era sobre enseñanza y no respondía a los criterios de la pregunta que se le había hecho: la gratuidad de la enseñanza. No obstante, el portavoz del Grupo Mixto agradeció al doctor Mbana su franqueza en reconocer la renuncia de su gobierno a la obligatoriedad de la enseñanza primaria que, recomendó Micó, se podía ejercer a través de los inspectores de enseñanza recorriendo el país para conocer con exactitud el número de niños en edad de escolarización. Como botón de muestra sobre la nula gratuidad de la enseñanza en los centros primarios, Micó citó una larga lista de centros escolares de todo el país donde se cobraban a los padres o tutores de los alumnos cantidades de dinero arbitrarias por conceptos no definidos y de difícil justificación.
El viceministro negó que el Estado renunciara a la obligatoriedad educacional en la enseñanza primaria, pero lo que no se podía hacer era emplear el palo y la zanahoria con los niños prefiriendo, por contra, el sistema del regalo antes mencionado. Sobre las cantidades citadas por Micó, Mbana prefirió pensar que las cantidades de referencia se deberían a conceptos como los de la APA (Asociación de Padres de Alumnos), pero que en cualquier caso investigaría si se cometían abusos de cobros de dinero en los centros de enseñanza primaria citados y en otros,  pero sin aclarar nada como sus predecesores en las comparecencias. Resumen: hablar mucho sin decir nada ("Talking loud and sayind nothing") como la conocida canción de James Brown.

Al ministro de Pesca y Medio Ambiente, se  le interpela para que  dé respuesta sobre las expectativas que creó el titular de Pesca y Medio Ambiente, Ofa Mbo, en las sesiones parlamentarias de marzo y abril del presente año, en el sentido de que la población iba a poder disponer de pescado y barato abundante para su consumo, el diputado Celestino Bacale le preguntó al ministro si estas expectativas se habían colmado;, además le preguntó sobre la política medio ambiental de su departamento y si se había producido algún vertido en nuestras aguas los últimos años. El ministro se felicitó por que las promesas que hizo en las fechas recordadas por el diputado del Grupo Mixto, se habían cumplido con creces. Así relató que el primer barco llegó al país en el mes de agosto y las dos primeras descargas se produjeron los días 3 y 15 de septiembre, respectivamente. Sin embargo, explicó que este primer barco era de tipo mediano y, por lo tanto, se gestionó cinco barcos de mayor rendimiento y otros dos grandes barcos arrastreros congeladores, y el destino de sus capturas sería íntegramente el mercado nacional. Por tanto, había ya en el país ocho barcos pero continuaron las gestiones y para octubre llegarían seis grandes barcos arrastreros congeladores más con la finalidad de saturar el mercado nacional y, con ello, abaratar los precios del pescado para que estuvieran al alcance de todos los bolsillos. Para la pesca artesanal, el ministro Ofa Mbo se vanaglorió de disponer ya de equipos para los pescadores artesanales. De hecho, en Malabo había ya fuera bordas y artes de pesca que serán distribuidos a las agrupaciones de pescadores, habiéndoles habilitado el gobierno una cuenta de 300 millones de F.CFA. Las licencias que había extendido el ministerio se cifraban en diez (3 para guineanos y 7 de capital mixto), y para el año 2005 se calculaban las capturas en alrededor de 400 toneladas. Sobre medio ambiente, el ministro detalló que se habían adoptado una serie de medidas que se resumían en cinco: medidas convencionales, legales, institucionales, estratégicas y operativas para la conservación de nuestro medio ambiente que, matizó, había que mimar. El diputado Bacale replicó que las medidas que había enumerado el ministro eran muchas pero sin ninguna acción realizada. Y le preguntó al ministro sobre cómo se controlaban las empresas del sector petrolero y las madereras, porque la práctica difería de la teoría y el gobierno debería hacer mucho más, porque, además, el sector de los hidrocarburos era muy contaminante y podría afectar al futuro de nuestro país.

Por último, en lo referente a preguntas a los miembros del gobierno, el Grupo Mixto a través del diputado Celestino Bacale, hizo la comparecer al ministro de Minas, Industria y Energía, para que explique al pleno la política industrial de su departamento, los beneficios para la población de dicha política, así como la posible ubicación de las industrias que se piensan instalar en el país. Asimismo, se le pide información sobre la cantidad de y nombres de las empresas petroleras que operan actualmente en Guinea Ecuatorial, la producción de crudo cada una de ellas y la producción total diaria; además de la modalidad de contrato de participación en la producción de las empresas citadas con el Estado guineoecuatoriano, así como el porcentaje que obtienen el Estado en la producción de dichas compañías petroleras. Igualmente, se le pide mayor información sobre la empresa pública GEPETROL, sus funciones, relación con el ministerio, capacidad de control del departamento tutor sobre esa empresa pública, política de reclutamiento, nombramientos y criterios para la selección de sus directivos. Y, para acabar, el Grupo Mixto quiere conocer el presupuesto de GEPETROL que debe ser público, y como tal, debería figurar en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, se constata que tanto en las cuentas generales del Estado del año 2.005 como en los actuales, no aparecen por ningún lado.