OPINIÓN

Las sesiones de la Cámara de los Representantes del Pueblo que se clausuraron el pasado 22 de abril en el Palacio de Congresos y Conferencias de Ngolo, se caracterizaron por el más de lo mismo, o sea, la Mesa del Parlamento comportándose como una auténtica correa de transmisión del gobierno y renunciando, por ello, de buenas a primeras a ejercer su tarea de control al ejecutivo.

Así, y en contra de lo que estipula el Reglamento de la cámara, La Mesa no creyó conveniente tramitar las interpelaciones que el Grupo Mixto quería hacer a diversos miembros del gobierno, porque, a su juicio, no había suficientes motivos para ello. Se prefirió, en cambio, la formulación de preguntas al ejecutivo, pero esta variante de control parlamentario no dispone del tiempo suficiente para hacer una verdadera tarea de seguimiento y control, que no así las interpelaciones que sí lo tienen al haber una exposición de motivos para el diputado que interpela, y las correspondientes réplicas y contrarréplicas.

Por otra parte, las dieciocho interpelaciones convertidas en preguntas ilegalmente, en contra del criterio del Grupo Mixto y así lo hizo ver éste mediante escrito a la Mesa de la cámara, no fueron todas admitidas habida cuenta de que se hurtó del debate las preguntas que, siempre según el tenor de la Mesa, podrían evidenciar la nula voluntad del gobierno por hacer bien las cosas. De entre las más notorias estaban las relativas a la política penitenciaria y los tratos degradantes a los presos, o la del ministerio de Agricultura y su Programa Especial sobre Alimentación, PESA, por sólo citar unos ejemplos.

En otro orden de ideas, se debatieron una serie de leyes. Otras leyes de gran calado en nuestra sociedad, como la de la Regulación del Matrimonio Tradicional; la Ley del Suelo; la del Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía o la del Régimen de los Funcionarios Civiles del Estado, entre otras se dejaron para el próximo período de sesiones.

La primera de las mencionadas leyes, la del matrimonio tradicional, era un engendro que, afortunadamente, se dejó su estudio para las sesiones de septiembre. Y era tan mala que concitó, por increíble que pueda parecer, el rechazo de todos los grupos parlamentarios incluso del PDGE. Aunque a primera vista pudiera parecer que tenía algunos tintes innovadores, no era así. Causaba más irritación que otra cosa. En una palabra, era un conjunto de formulaciones bienintencionadas, queremos creer, que a la postre no contentaban ni a unas ni a otros.

La del suelo, tal como se presentaba, podía resultar una caja de Pandora que podría traer toda suerte de desventuras para aquellos que aun siendo dueños de suelo, pero pobres, iban a quedarse sin este preciado bien que ahora es el suelo, en Guinea Ecuatorial. Porque los plazos que se daban en la citada ley para la edificación de inmuebles dignos de tal nombre eran muy cortos para la gente sin posibilidades económicas. Y así podía suceder que propietarios de terrenos de toda la vida en el casco urbano o en los arrabales de la ciudades de Malabo y Bata, principalmente, se vieran despojados de aquéllos a precios irrisorios por el involuntario pecado de no disponer de medios económicos para construir.

No se puede pasar por alto el también significativo hecho de que el período de sesiones se acortó a instancias del gobierno (no había suficiente dinero para el estudio de algunos proyectos de ley), cuando debería ser la misma institución parlamentaria la que fije el tiempo de duración de sus trabajos, de acuerdo a lo que dice su reglamento interno.

No obstante, los dos diputados que conforman el Grupo Mixto, 98 contra 2, aun a sabiendas de que las propuestas que hacían iban caer en saco roto, no hay peor sordo que el que no quiere oír, trabajaron con entusiasmo y afán de contribuir a que mejoren las cosas en Guinea Ecuatorial. Si no lo consiguieron no se les puede tachar de nada. En cualquier se hicieron oír y el pueblo ha oído. El PDGE también.