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En el primer período de sesiones de la Cámara de Representantes del Pueblo de Guinea Ecuatorial, que ha tenido lugar en Bata, entre los días 16 de marzo y el 22 de abril de este año 2.005, se conocieron 10 proyectos de ley enviados por el Gobierno. Cinco fueron aprobados por supuesto con un debate muy pobre y muy breve, y cinco fueron, o devueltos para una reelaboración o aplazada su aprobación para el siguiente periodo de sesiones.

En efecto, para este primer periodo de sesiones de la Cámara de Representantes del Pueblo, el Gobierno había enviado diez proyectos de Ley. Se trata de los proyectos de ley: 1.- Ordenación Urbana; 2.- por el que se aprueba la Liquidación del presupuesto del año 2.004; 3.- sobre el Matrimonio tradicional; 4.- por el que se modifican algunas disposiciones de la Ley Reguladora de los Juegos de Azar y de Recreo; 5.- de Funcionarios Civiles del Estado; 6.- por el que se regula la Cooperación Internacional; 7.- sobre la Prevención y Protección de los Enfermos del V.I.H/SIDA; 8.- por el que se crean las magistraturas de Trabajo de Malabo y Bata; 9.- el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía; 10.- sobre la trata de niños.

La aprobación de los proyectos de ley que no fueron devueltos ni su aplazados debate y adopción fue bastante irregular. La irregularidad empieza en la presentación de los proyectos de ley en el Parlamento y su puesta en conocimiento de los diputados. Mientras el Reglamento de la Cámara estipula que los proyectos de ley deber ser publicados y dados a conocer a los parlamentarios y a los ciudadanos en general desde el mismo momento que el Gobierno los aprueba (en otros sitios, esto significa inmediatamente su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara), aquí los diez proyectos de ley fueron dado a los diputados el mismo día de la apertura de las sesiones.

La lectura de dichos los proyectos de ley también delataba las precipitaciones con que se elaboraron, o la ignorancia de la forma de legislar expresiones incomprensibles, errores, preámbulos, cuando los había, incongruentes, etc. Algunos proyectos de ley son copias de leyes españolas a las que se descontextualiza y se elimina los aspectos que puedan limitar la arbitrariedad del Gobierno. Algunos estaban incluso en contradicción con leyes de rango superior.

Con este comienzo, la tramitación de dichas leyes no podía dar lugar sino a leyes malas. Lo que ya es habitual, y en todo caso al régimen parece darle igual dado el nulo caso que hace a las leyes en este país.

La irregularidades continuaron con el plazo que dio el presidente de la Cámara para proponer enmiendas. El Reglamento de la Cámara establece que dicho plazo es de quince días hábiles, pero el presidente de la Cámara lo redujo a seis días naturales. Esto, con la limitación del plazo para presentar preguntas e interpelaciones, ocasionó la protesta del Grupo Parlamentario de CPDS, y del partido, que emitieron al respecto sendos comunicados.

Pero a pesar de esto, el Grupo Parlamentario de CPDS preparó y presentó enmiendas a casi todos los proyectos de ley. Pero después de presentadas las enmiendas, el presidente volvió a violar el procedimiento reglamentado. Este procedimiento estipula que si hay enmiendas a la totalidad a una ley, estas enmiendas a la totalidad se discuten antes de pasar la ley al estudio de la Comisión Parlamentaria correspondiente; y el Grupo Mixto (o de CPDS) presentó enmiendas a la totalidad a dos leyes, la del Matrimonio tradicional y la de Abogacía, ésta con texto alternativo. Pero el presidente hizo caso omiso y mandó todos los proyectos de ley a las comisiones. La propia realidad de los hechos se encargaría de demostrarle al Gobierno y al Presidente de la Cámara que estaban en error; pues de los diez proyectos de ley, sólo cinco pudieron ser discutidos en la plenaria.

Así:

La ley sobre Matrimonio Tradicional, no pudo ser aprobada. En la comisión, este proyecto de ley se encontró con tres grupos de enmiendas, la del grupo mixto, a la totalidad; una del PDGE a la totalidad del articulado (aunque no quisieron llamarle enmienda a la totalidad) y otra de otro grupo de diputados del PDGE con muchas enmiendas al articulado. Se empezó a debatir en la Comisión con la intervención del Grupo Mixto a través de su portavoz Plácido Micó, quien además de presentar la enmienda a la totalidad del proyecto y, por ende, pedir que se remita al gobierno, preguntó si el contenido del articulado del proyecto se aplicaba a los matrimonios ya existentes. Micó dijo que el proyecto no era serio porque adolecía de una explicación de motivos, no tenía antecedentes ni tampoco una disposición transitoria, e introducía mucha confusión; y preguntó hasta dónde eran contables los 15 años para que en caso de disolución del vínculo matrimonial no se devolviera la dote, y si tenía retroactividad a los matrimonios ya existentes. Por otra parte, Micó destacó que el proyecto tocaba la línea de flotación de lo que era la estructura básica y cultural de nuestras raíces étnicas y tribales, por lo que en lugar de arreglar un problema que tenía nuestra sociedad, las desigualdades evidentes entre el hombre y la mujer, iba a crear otros mayores como podrían ser el acrecentamiento de la violencia de género y la inestabilidad cuasi permanente de los hogares. En resumen, no contentaba ni a unos ni a otras.

El portavoz adjunto del Grupo Mayoritario, PDGE, Batho Obama Nsue, reconoció que el proyecto tenía lagunas que podrían ser subsanadas, pero preguntó sobre qué se quería hacer con la cultura de Guinea Ecuatorial. Porque, en su opinión, el matrimonio tradicional debía conservarse con todas sus características preservándolo de contagios de otras culturas. Citó el caso de los regímenes económicos como absurdo, porque en el matrimonio tradicional no existía la separación de bienes; la dote, que la había en cada etnia según el ceremonial de cada una. Batho pidió que no se precipitara el parlamento en aprobar esa ley, y sí, por contra, estudiarla con más calma y tiempo a través de una comisión mixta integrada por los representantes del pueblo, el gobierno y la sociedad civil. Como no podía ser de otra manera, criticó la posición del Grupo Mixto por presentar enmiendas a la totalidad de la ley y la remisión de ésta al gobierno.

Evangelina Oyó estaba por la labor de no aprobarla en este primer período de sesiones, y señaló diversos aspectos que, a su criterio, eran lesivos para la mujer como la penalización del adulterio por parte de la mujer, que se tenía que calificar como simple caso de infidelidad y que no fuera motivo para la disolución del matrimonio como decía la el proyecto de ley; también pedía la limitación del importe de la dote a no más de 100.000 F.CFA. y la valoración del trabajo doméstico de la mujer que no se tenía en cuenta en el cómputo de la aportación de la cónyuge en el mantenimiento del hogar. La diputada del PDGE no creía que el matrimonio tradicional fuera igual al canónico o al civil, y que el reconocimiento del matrimonio poligámico era un manifiesto símbolo de desigualdad de derechos entre el hombre y la mujer, terminó su intervención subrayando que a la ley le faltaba una disposición transitoria.

El presidente de la Cámara de los Representantes, Salomón Nguema Owono, terció en el debate para solicitar de todos los grupos parlamentarios que aparcaran las diferencias ideológicas, y que por el contrario, trabajaran codo con codo en el proyecto de ley de referencia, porque afectaba a toda la población guineoceuatoriana buscando lugares de encuentro comunes. Aprobó que el proyecto se remitiera al segundo período de sesiones a celebrarse en el mes de septiembre, así como la constitución de la comisión mixta propuesta por el diputado Batho, pero no aprobaba que se despenalizara el adulterio, porque había determinadas cosas que diferenciaban al hombre de la mujer.

Francisco Pascual Obama Asue, portavoz del Grupo del PDGE, aseguró que había dote en todas las tribus de Guinea Ecuatorial ya fuera en metálico o en especie, pero tampoco se podía limitar a 100.000 F CFA. Advirtió que no se debía tratar de borrar la cultura autóctona del país y apoyó la propuesta de la formación de una comisión mixta.

Santiago Nsobeya aprobó, como su grupo del PDGE, que no devolviera el proyecto de ley al gobierno, y sí que se enriqueciera a través de la comisión que proponía su grupo. Además, no debía adecuar el matrimonio tradicional al civil o canónico, sino buscar la estabilidad de los hogares subsanando las desigualdades flagrantes existentes en la actualidad.

Al final, después de tanto barullo se optó por la constitución de una comisión mixta por abrumadora mayoría con los solos dos en contra del Grupo Mixto que presentó la enmienda a la totalidad del proyecto y la devolución subsiguiente del proyecto al ejecutivo.

La ley por la que se crean magistraturas de trabajo estaba en la misma línea de incongruencias; pues la ley orgánica del Poder Judicial disuelve taxativamente las magistraturas de trabajo. Y una ley ordinaria no puede ir en contra de una ley orgánica. Para que se puedan crear las Magistraturas de Ttrabajo lo primero se haría sería la modificación de dicha ley orgánica del Poder Judicial (por otra ley orgánica) para poder proponer luego una ley que las cree. Además dicha ley era absurdamente breve, tenía un solo artículo que decía, "se crean las magistraturas de trabajo de Malabo y Bata", sin más... Quién las crea?, Como funcionan?, Qué formación deben tener los magistrados?, Cómo acceden a la carrera?, Cuáles son sus competencias?, etc. todos los aspectos que debe contemplar una ley que crea unas instituciones de esta envergadura, nada de nada.

En la misma línea estaba la ley sobre el VIH/SIDA. El argumento fundamental del ejecutivo era que lo pedía la Organización Mundial de la Salud. Y claro, la hicieron con muchas prisas, no tanto en atención a la pandemia sino para tener un papelito para presentar a la OMS.

Después de todo esto que pasó en las comisiones, como hemos dicho, sólo cinco proyectos de ley pasaron al pleno de la Cámara: 1.- Ley por la que se aprueba la liquidación del presupuesto del año 2.004; 2.- La ley por el que se modifican algunas disposiciones de la Ley Reguladora de los Juegos de Azar y de Recreo; 3.- de Funcionarios Civiles del Estado; 4.- La ley por la que se regula la Cooperación Internacional y, 5.- sobre la Prevención y Protección de los Enfermos del V.I.H / SIDA;

Las otras leyes no pasaron al pleno por diversos motivos:

1.- Ordenación Urbana, se aplazó su discusión a septiembre; igual que; 2.- la ley el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía la 3.- Ley sobre la trata de niños. La de Matrimonio Tradicional fue discutida en la comisión pero se remitió su reelaboración a una comisión parlamentarios-sociedad civil. Y de la ley por la que se crean las magistraturas de Trabajo de Malabo y Bata, debieron darse cuenta de que ni era ley ni era nada, y además estaba en contradicción con una ley de rango superior.

La presentación del paquete leyes correspondió al Primer Ministro. Y cada Ley tenia ponente en el correspondiente responsable del departamento duque la proponía.

A dicha presentación el Grupo Mixto, a través de su portavoz Plácido Micó, destacó que los proyectos de ley enviados por el gobierno al parlamento se hicieron fuera de plazo, por lo que le instaba al Primer Ministro que se tomara un poco más en serio a la Cámara, aunque esto también se podía interpretar como la expresión de la poca seriedad de su Gobierno. Los proyectos de ley, manifestó Micó, se presentaron sin la necesaria publicidad, no se sabía si porque se tenía una mayoría ciega que se contentaba con aplaudir las gracietas de su gobierno, porque en una democracia se publicaban los proyectos de ley para que la gente sepa de qué se trataba el asunto, además de que estos proyectos de ley no iban acompañados de antecedentes aclaratorios o explicación de motivos, es decir, se habían elaborado sin ton ni son. Sin embargo, la Mesa de la Cámara era complaciente con su gobierno. Invitó al jefe del ejecutivo a que coordinara la acción de su gobierno a fin de atenuar el evidente desbarajuste del mismo.

En ausencia del ministro titular de la Función Pública Ricardo Mengue Nfubea por razones de trabajo, la intervención para defender la ley sobre los funcionarios públicos, corrió secretario de Estado del departamento. El sustituto del ministro, en un discurso sucinto, dijo que la ley obedecía a la necesidad de modernizar la función pública con la profesionalización de sus miembros y dotando a éstos de los medios adecuados para el desempeño de su tarea de servicio a la ciudadanía. Para ello, la ley giraría en torno a estos ejes principales: oferta de empleo público, fiscalización del trabajo de los funcionarios, política de remuneración acorde a las distintas categorías administrativas, política de pensiones a los jubilados, además de la eliminación de las trabas que las leyes anteriores ponían para la entrada en la función pública a los discapacitados. El secretario de Estado dijo estar de acuerdo con las enmiendas que se habían introducido en la ley, y que su gobierno pondría en marcha esta ley una vez aprobada por el Parlamento para dar mayor dinamismo a la administración pública.

El secretario de la comisión ad hoc, Santiago Nsobeya, leyó el acta de las deliberaciones de la citada comisión resaltando el espíritu colaborador de los integrantes de la misma, destacando el consenso que se consiguió en la mayor parte de los asuntos a excepción de algunas reservas del Grupo Mixto sobre determinados artículos. Resaltó igualmente que los trienios se concederían de oficio y no a solicitud del funcionario como antes ocurría, además de otro logro como la consecución del permiso preparto y posparto para la mujer funcionaria (éste último de 8 semanas y no de 6 como antes). Se eliminó el término adhesión al jefe de Estado por lealtad, lo que levantó la única reserva que tenía el Grupo Coalición Democrática sobre la ley.

En su turno de intervención, Celestino Bacale, portavoz adjunto del Grupo Mixto, protestó por la forma subrepticia que se presentaban las leyes sin apenas tener tiempo los diputados de estudiarlas en profundidad. Además, dijo que su grupo, con independencia de que se habían subsanado algunas reservas que tenía sobre la supresión del certificado de buena conducta para el acceso a la función pública, mantenía éstas sobre ciertos incisos del articulado de la ley como la limitación a los 50 años como tope para la entrada en la función pública. Porque, a juicio de su Grupo, suponía un error poner ese límite a personas que podían seguir aportando intelectualmente sus conocimientos a la sociedad. Por otra parte, era otro error hablar de lealtades y fidelidades al jefe de Estado, porque significaba politizar la función pública, además de impedir el acceso a ésta a personas de otras opciones políticas.

De igual manera, Bacale manifestó su reserva sobre el impedimento que suponía la prohibición de acceso a la función pública a quienes estuvieran incurso en un proceso judicial, desapareciendo con ello la presunción de inocencia. Si desaparecían estas reservas, dijo Bacale, su grupo votaría a favor de la ley; y si no fuera así, se abstendría.

El portavoz del grupo Coalición Democrática fue igual así mismo y felicitó al gobierno votando sí a la ley.

Batho Obama Nsue dijo no entender la abstención del Grupo Mixto a una ley que beneficiaba a discapacitados, jubilados, a mujeres funcionarios y a amplios sectores de la sociedad. Resaltó que la lealtad al jefe del Estado era un mandato constitucional porque éste encarnaba la representatividad de la nación, a tenor de lo que decía la Ley Fundamental de GE. Pidió cordura al parlamentario del Grupo Mixto para que se sumara al sí a la ley, porque su grupo sí lo iba hacer. El vicepresidente del parlamento que presidía los debates en ausencia del titular, también pidió el sí a Bacale así como el portavoz del grupo PDGE Francisco Pascual Obama, que le recordó que el código de la función pública de los Estados Unidos exigía la lealtad de los funcionarios de este país al presidente. Sin embargo, el portavoz adjunto del Grupo Mixto se mantuvo firme y les aguó la fiesta a los diputados del PDGE y coaligados.

El secretario de Estado en su turno de réplica dijo comprender al Grupo Mixto, pero refutó todos los argumentos en los que sustentaba sus reservas el grupo opositor, diciendo que la lealtad era indispensable porque no tenerla significaba el caos administrativo, además de que la limitación a los 50 años para el acceso a la función pública se subsanaba contratando a estas personas valiosas.

En términos semejantes se desarrolló el debate de las otras leyes. Y como no podía ser de otra forma, todos los proyectos de ley fueron aprobados. Ni que decir tiene que en ningún parlamento del mundo se puede ver y aprobar tantos proyectos de leyes en tan escaso tiempo, y si se tiene en cuenta, además, de que fueron elaborados y adoptados sin divulgación ni discusión previa alguna y, para mayor INRI, puestos a disposición de los diputados el mismo día de la apertura de las sesiones, tenemos un claro ejemplo de lo que el régimen de Obiang entiende por parlamento, una simple caja de resonancia del ejecutivo.