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CASOS Y COSAS DEL PARLAMENTO

En el campo de las anécdotas de las recientes finalizadas sesiones de la Cámara de los Representantes del Pueblo, se inserta una muy ilustrativa del talante que se gasta la Mesa del parlamento.

En la primera de las sesiones propiamente dicha, la Mesa decidió suspender los trabajos porque el Grupo Mayoritario, el del PDGE, tenía que reunirse a puerta cerrada. A la pregunta del diputado del Grupo Mixto Celestino Bacale al presidente de la Cámara Salomón Nguema Owono sobre si el precedente sería también aplicable a los otros grupos cuando quisieran a su vez reunirse a solas, respondió éste en un tono, no se sabía si festivo o molesto, que " a ver si por dos diputados se podían suspender las sesiones del parlamento". Sin más palabras.

Otro apartado de los trabajos de la cámara, son las sesiones cuasi judiciales de la Comisión de Quejas y Peticiones que, vistas con objetividad, son un rosario de despropósitos que podrían ocupar varias páginas del estupidiario humano. Pero, para no herir susceptibilidades, se omiten algunos nombres de las personas que no así los hechos que tienen su mucha miga.

Un individuo de avanzada edad de nombre M, natural de Bata, presenta una queja contra la empresa Martínez Hermanos y dice, es verdad, que trabajó en la citada compañía, entonces dedicada a la explotación del café, del año 1939 hasta 1959. Pide indemnización por daños y perjuicios porque perdió una pierna en accidente de coche mientras trabajaba. El suceso ocurrió en 1939 cuando M tenía apenas catorce años. Los hechos ocurrieron así: M trabajaba como criado (boy se llamaban entonces) en casa del dueño de la Finca Martínez Hermanos y se le mandó llevar comida a los operarios que estaban en el campo y durante el trayecto el coche sufrió un accidente en el que perdió una pierna. El propietario de la finca decidió que M fuera a vivir en los bajos de su casa con la promesa de que le construiría una casa de material permanente en su poblado cuando fuera mayor y le habilitarle un negocio para su subsistencia. No se cumplió lo pactado. Sesenta y seis años después, ahí esta la anécdota, M reclama una indemnización de 5 millones de F.CFA, además de una pierna ortopédica, a Martínez Hermanos. El asunto se había tratado en las sesiones de la Comisión de Quejas de septiembre pasado, y se acordó que un conocido diputado del PDGE negociara con el actual dueño de los Supermercados Martínez Hermanos la manera de satisfacer las reclamaciones de M. El diputado llegó a un acuerdo con la empresa, pero las condiciones no le satisficieron a M que volvió a la carga presentando una nueva queja en las sesiones que acaban de clausurarse. El pleno, de nuevo, volvió a encargar que el mismo diputado negociara con el propietario de la empresa querellada un acuerdo definitivo, a fin de que M percibiera su indemnización y acabara manera con sus reclamaciones.

Otro caso significativo que se vio en la comisión fue el del Consejo de Poblado de Mosoc (Mikomeseng) contra un pequeño constructor de nombre E. El motivo de la queja estaba en que los habitantes de Mosoc solicitaron ayuda económica a una comunidad religiosa para la construcción de una iglesia en el poblado. Los religiosos le entregaron al constructor E la cantidad de 750.000 F.CFA. como anticipo de los trabajos que iba a realizar, a los que se añadirían 250.000 más al término de las obras de construcción del templo. El constructor E inició los trabajos con la fabricación de bloques y la realización de los cimientos, y pararon las obras. Y ante la larga prolongada de las mismas, los lugareños acudieron a los tribunales ordinarios donde a pesar de tener sentencias favorables a sus peticiones, éstas no se ejecutaban, por lo que acudieron a la Comisión de Quejas para que E les devolviera el dinero y ellos mismos pudieran terminar de construir la capilla. Sin embargo, el constructor E en sus alegaciones, se defendió diciendo que era víctima de una persecución política perfectamente diseñada por parte de personalidades del distrito de Mikomeseng,. Y, por eso, en el citado distrito se producían con demasiada frecuencia muertes súbitas inexplicables que, a su juicio, eran achacables a odios como los que estaba sufriendo él. El pleno de la comisión, por boca de su presidente, respondió al constructor, antiguo púgil, que éste era un bocazas de reconocida reputación y que tenía que terminar de construir la iglesia. A los lugareños no les satisfacía la solución y querían, en cambio, que el señor E les devolviera su dinero, pero se impuso la tesis de que el constructor E acabara la construcción de la iglesia en breve plazo.

Asimismo, se vio el caso de una propietaria de terrenos que vendía terrenos a unos y los volvía a revender a otros. Esto ocurría en el término municipal de Ekobenam, donde la señora MC vendió a la alcaldesa de Bikurga 950 m2 de suelo y que volvió a vender a otros, dejando a la edil con solo 100 m2. El pleno acordó que la alcaldesa continuara con las obras de construcción que había comenzado en los escasos metros de terreno que le habían quedado y, que por tanto, no le volviera a pagar nada a la señora MC que pretendía que se le indemnizara, encima, por la destrucción de una vivienda suya que se encontraba en los terrenos que vendió a la alcaldesa de Bikurga. La misma propietaria MC vendió a otra señora llamada D unos terrenos por valor de 600.000 F.CFA y que, como en el caso anterior, revendió a otras personas. La comisión acordó que MC devolviera a la señora D la cantidad antes mencionada, pero la estafada prefería que se le adjudicaran los metros de suelo que le quedaban a MC, porque ésta no era capaz de devolverle el dinero. Se acordó que la vendedora de terrenos cediera a la señora D los metros cuadrados que le quedaban mediante un compromiso por escrito y firmado en la secretaría del parlamento. Sin embargo, la vendedora no acudió a la firma del compromiso y se le tuvo que buscar a su domicilio manu militari, para obligarle a firmarlo.

Otro litigio que mereció singular atención fue el de dos ciudadanos de un mismo término municipal, uno ciudadano de a pie y el otro capitán de policía por la propiedad de un bosque del Estado. Porque según el primero, nuestro ya conocido M, el antiguo trabajador de Martínez Hermanos, el bosque era suyo y había solicitado la propiedad del mismo a la Presidencia de la República. El capitán de policía, de nombre N, alegaba que tenía una autorización de la delegación regional de Bosques de Río Muni para explotar el referido bosque; y con ella hizo un contrato con la empresa maderera CHIRVO que cortó madera con de una autorización provisional del viceministro de Bosque, a cambio de 7.000.000 de francos CFA. En los debates la Mesa quería cargar las culpas al capitán por supuesto fraude al Estado al explotar un bosque que no le pertenecía; sin embargo, el diputado del Grupo Mixto Plácido Micó era de la opinión contraria, porque, según su tenor, el responsable era el delegado regional que firmó la autorización que obraba en poder del oficial de policía, a sabiendas de que éste no tenía ningún documento que le acreditaba como propietario del bosque, o que si el Estado se sentía perjudicado que exigiera responsabilidades a la empresa maderera, o simplemente asumir el Estado su propia torpeza. En cambio, el presidente de la comisión que pensaba que tanto el capitán como la empresa maderera eran delincuentes. El pleno acordó que el asunto se enviara a la Fiscalía General del Estado, y que nuestro señor M continuara la tramitación de su expediente en la Presidencia de la República, pero que el capitán de policía no le debía darle ningún dinero porque M no era, todavía, dueño del bosque en litigio.