EDITORIAL

CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

El accidente de aviación acaecido en las proximidades de Baney, se veía venir. Hace algunos meses, allá en el mes de marzo, fue el primer susto, cuando parece que un avión de Utage tuvo problemas con un motor al aterrizar. Entonces salió el ministro de transportes e innovación tecnológica a hacer manifestaciones, en las que dijo que se paralizaban los vuelos de dicha compañía por el peligro que para la seguridad de los ciudadanos suponía que siguiera dichos aviones siguieran volando. Hasta aquí todo bien. Pero cuando pocos meses después se produce el accidente, a pesar del aviso y de los que a simple vista se sospechaba, se puede afirmar que el discurso del ministro sólo era eso, discurso, y que no era cierto que el gobierno se preocupaba de la seguridad de los ciudadanos.

Desde hace muchos años la flota de las compañías aéreas de Guinea Ecuatorial la componen aviones antonov-24 y yakolef-40, procedentes del antiguo imperio soviético, a los que han recurrido los que han visto en ellos la oportunidad de hacer su agosto creando compañías aéreas, para enriquecerse rápidamente. De hecho en los últimos años Guinea Ecuatorial ha tenido una cierta inflación de compañías aéreas, la gran mayoría con un solo aparato. Y antes del aviso de Utage, primero fue el de un avión de EGA?, en el aeropuerto de Libreville Gabón; luego el aviso llegó de un aparato de la compañía Aviage en el aeropuerto de Bata, que se salió de la pista al querer despegar. Ante estos avisos, lo más que ha hecho le gobierno ha sido un discurso o en todo caso la paralización de la sola compañía cuyos aparatos estaban a punto de causar el desastre.

Si fuera cierto de que el gobierno se preocupaba por la seguridad de los ciudadanos, habría tomado todas las precauciones para evitar el desastre que ha ocurrido ahora y que se podía evitar por verse venir: Estas precauciones son las que están establecidas y en vigor en todo el mundo; y se refieren por un lado a la obligatoriedad de los aparatos de pasar revisiones periódicas, para ver su estado y establecer si en función de dicho estado y de la edad del aparato está en condiciones de volar con seguridad, y la vigencia de los permisos de vuelo de los pilotos, y por otro lado a la suscripción de seguros por las compañías para hacer frente a responsabilidades civiles que se deriven de situaciones como la que lamentamos.

Pero nada de esto se hizo sino cuando ya sobrevino el accidente; en todo ello se ve claramente que el gobierno ha hecho dejación de sus responsabilidades. Lo que es más grave: parece que ni tan siquiera existe o funciona una autoridad aeroportuaria que deba verificar cuestiones tan elementales como que el avión no lleve exceso de carga. Más grave todavía, si como se comenta fuera cierto que uno de los socios de la compañía cuyo avión tuvo en siniestro es el propio ministro de transportes.

Si ha sido irresponsable la actuación del gobierno en la prevención de un accidente como en que comentamos, catastrófica ha sido la gestión posterior del accidente: después de toda la parafernalia inicial de designación de una comisión de crisis o de investigación, de los funerales y discursos (Nguema Obiang), nadie sabe nada ni de exigencia de responsabilidades ni del estado de la investigación ni de atención a los familiares de las victimas. Pues, en las condiciones en que ocurrió el accidente se debe depurar responsabilidades políticas, civiles y penales. Las responsabilidades políticas deben ser exigidas a los responsables políticos que debían y deben evitar que vuelen aviones en las condiciones en que estos volaban; en consecuencia desde el ministro y toda la cadena hasta la autoridad portuaria debían haber dimitido o alguien debía cesarles.

Las responsabilidades civiles (la indemnización de las víctimas) se deben exigir a los socios de la compañía, y de forma subsidiaria al estado, ya que es el que bebiera exigirles la suscripción de un seguro que debe resarcir este tipo de responsabilidades.

Y la responsabilidad penal (ir a la cárcel) debe exigirse así mismo a los socios de la compañía por homicidio (involuntario?) múltiple; pues no sólo tenían conocimiento del estado del aparato, del que tenían una oferta para ser cambiado por otro más seguro y en el que no se atrevía a viajar ellos mismos, sino que lo sobrecargaron a sabiendas de que podía causar en cualquier momento la tragedia que ha provocado.

Desgraciadamente mes y medio después del accidente no parece que alguien vaya a responder por el mismo. Esto es demostrativo de que al gobierno de Guinea Ecuatorial le importa poco la muerte de más de ochenta personas. Como también lo es que los que murieron en el accidente no murieron por haber hecho política ni eran todos de la oposición: en consecuencia, cuando las cosas van mal todos estamos expuestos a morir o a perder a nuestros familiares por accidentes evitables o por enfermedades curables; y que cada uno saque sus consecuencias.