29 de diciembre de 2006

COMUNICADO:
Respuesta al Comunicado del Gobierno sobre denuncia de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Malabo  

    Tras tener conocimiento del Comunicado del Gobierno, como respuesta oficial a las denuncias hechas por los Concejales de CPDS en el Ayuntamiento de Malabo entorno a una situación de posible corrupción activa desde la Presidencia del Gobierno, nuestra formación política y la opinión pública han podido constatar que: 

   1º.- El Gobierno rechaza las alegaciones de los Concejales de CPDS sin argumentar su defensa sobre los puntos insertados en la denuncia, actitud propia de aquellos años negros que desearíamos olvidar. 

   2º.- Es de vergüenza ajena que una institución del Estado, como la Presidencia del Gobierno, con una vileza poco conocida, tenga que utilizar la mentira y la insidia, para salir al paso de una denuncia legal y legítima, sin tener el valor de demostrar que los hechos de que se le acusa no son ciertos. 

   3º.- CPDS lamenta profundamente que, contrariamente a lo realizado por los concejales en su comunicado invocando la Ley nº.: 1/2003 Reguladora de las Corporaciones Locales, que vincula y obliga al gobierno, éste haya tenido la osadía de decir que los ediles de CPDS actúan aprovechando su situación sin alegar legalidad alguna. El gobierno no ha tenido el valor y la responsabilidad de informarse cerca del Ayuntamiento si existe un baremo o una que otra reglamentación sobre el cobro de las tasas y los arbitrios municipales, con los que la Corporación ha de hacer frente a los programas sociales y de saneamiento ambiental en el Municipio. 

   4º.- Por otra parte, nos extraña el mutismo de los concejales del PDGE y coaligados que, contra lo que cabía esperar no se han pronunciado sobre el tema, cuando es sabido por el Pleno Municipal y ratificada por Resolución de fecha 20 de junio sancionada por la Alcaldesa- Presidenta de la Corporación  la constitución de Comisiones de Cobranza de tasas y arbitrios municipales en las empresas y establecimientos comerciales ubicados en el término municipal. Dentro de este marco de actuación se detectaron innumerables irregularidades, denunciadas por los concejales de esta formación política, las cuales persisten y continúan con la complicidad directa de miembros del gobierno y otros altos cargos de la Administración.  

   5º.- CPDS lamenta, asimismo, que el gobierno haya utilizado los medios de comunicación de todos los guineanos para difamar e intimidar a nuestros concejales, sin tener la decencia de informar a la población sobre el origen de su reacción. 

   6º.- De igual manera, deploramos la falta de profesionalidad de los medios de comunicación nacionales al no ser capaces de contrastar la información, cosa que han hecho otras agencias para así poder informar con imparcialidad. 

   7º.- Por último, tanto el hecho de la injerencia ilegal y arbitraria de la Presidencia del Gobierno en los asuntos municipales, como su posterior reacción ante las denuncias de los Concejales de CPDS, nos hacen sospechar que la misma podría suponer tender un manto de protección a una  red de corrupción organizada.

Malabo, 29 de diciembre de 2006
LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL 

 REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

COMUNICADO DE GOBIERNO 

   El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial rechaza totalmente tanto el contenido como los argumentos superficiales que revela el comunicado firmado por los Concejales de CPDS en el Ayuntamiento de Malabo, por carecer de sostenibilidad y razonabilidad. 

   El Gobierno ha percatado con la actuación de os Concejales de CPDS en el Ayuntamiento de Malabo que, aprovechando su condición de Concejales, pretenden extorsionar y desanimar a los operadores económicos que desean cumplir el programa del Gobierno sobre la Construcción de Sedes Sociales y demás infraestructuras por parte de las empresas que operan en el territorio nacional; situación que se detecta mediante la pretensión de cobrar más de QUINIENTOS MILLONES de Francos CFA en concepto de Licencia de Obras a la Empresa VENTAGE , sin alegar la legalidad de tal pretensión debido a la inexistencia de una reglamentación municipal que determina el barremo de las licencias de obras. 

   En efecto, esta actitud de extorsión a las empresas constituye una práctica análoga a la corrupción; y por tanto, el Gobierno no puede permitir que el Programa de Desarrollo Nacional se vea limitado o impedido por razones de índole estrictamente de competencia desleal o ideológica.

Malabo, a 26 de Diciembre de 2006.  

POR UNA GUINEA MEJOR,
EL MINISTRO-SECRETARIO GENERAL