1 de diciembre de 2006
COMUNICADO sobre Decreto con medidas contra el SIDA
Convergencia Para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial (CPDS) ha tenido conocimiento del texto del decreto presidencial Nº 107/2006, del 20 de noviembre, propuesto por la presidencia del gobierno, por el que se toman medidas urgentes para frenar la propagación del SIDA en Guinea Ecuatorial.
Cabe saludar la nueva actitud del gobierno cuando empieza a publicar cifras reveladoras de una realidad hasta aquí silenciada, cifras desastrosas y francamente preocupantes sobre el impacto del VIH en nuestra población, como viene denunciando esta formación política hace años. Veintiséis años después de la aparición de la epidemia, por fin empieza a despertar el gobierno del PDGE.
Sigue preocupando, no obstante, la falta de credibilidad y fiabilidad de dichas cifras, debido al caos y al disfuncionamiento de la Administración guineana en general y de la sanitaria en particular, pues, el nuestro es un país sin registro de mortalidad, sin control fiable de la mortalidad en los hospitales y sin ninguna idea de la abrumadora mortalidad extrahospitalaria, esta que interviene en los barrios periurbanos, en los poblados, en las curanderías tradicionales, etc., atribuidas a diferentes tipos de brujerías.
El decreto encierra aspectos indiscutiblemente positivos, pero que se ven eclipsados, desgraciadamente, por los aspectos propagandísticos o de represión innecesaria.
El gobierno debiera aumentar, no solamente el presupuesto del programa contra el VIH/SIDA como promete, sino el del ministerio de sanidad y el de todos aquellos ministerios que le ofrecerían condiciones de vida decentes al guineano, como viene reclamando CPDS, pues, independientemente del sida, los guineanos siguen muriendo masivamente del paludismo, de la tuberculosis, de las enfermedades de transmisión hídrica, de muchas otras afecciones y de la mala vida.
Por otra parte, la creación del carnet de “Indemne de SIDA”, el requerimiento del “certificado de test de VIH” para acceder a ciertos servicios públicos, la imposición a los extranjeros de realizar el test de VIH como requisito obligatorio para la tramitación de sus expedientes para obtener permisos de residencia o visados y la facultad otorgada a todos los ministerios de tomar disposiciones complementarias para la aplicación de este decreto estigmatizan al enfermo marcándolo con el sello del VIH y divulgando su situación serológica, discriminan a la persona por su condición de enfermo o de extranjero, crean arbitrariedad y xenofobia, y violan frontalmente el derecho de estas personas a la privacidad, al honor y a la dignidad, al trabajo, etc., todos ellos consagrados en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial y en todos los instrumentos legales internacionales suscritos por la República de Guinea Ecuatorial, así como en las Directrices Internacionales sobre VIH/SIDA.
Todas estas violaciones y humillaciones causan sufrimientos innecesarios a estas personas y contribuyen, contrariamente a lo deseado, a la propagación de la epidemia y al aumento de la prevalencia del VIH en el país, porque se replegarán sobre ellas mismas y se esconderán, no querrán hacerse el test, no pedirán consejo y no se someterán a tratamiento. Y como era de esperar, la policía guineana y muchos empresarios han empezado a aplicar el decreto a su manera, es decir, con la represión, a extranjeros y guineanos desfavorecidos.
La práctica del test, salvo en situaciones muy particulares, no debe ser impuesta. Debe resultar del deseo voluntario de la persona claramente informada. Por eso se creó el concepto y la práctica de la “Consejería en VIH/SIDA”, con la que se llega a conseguir que la población comprenda el interés de conocer su situación serológica y acuda voluntariamente a hacerse la prueba del VIH.
Por todas estas razones, Convergencia para la Democracia Social, que publicará próximamente un análisis detallado de este decreto, pide al gobierno que retire o que modifique consecuentemente el contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y la disposición adicional del citado decreto presidencial.
Malabo, 1 de diciembre de 2006
LA COMISION EJECUTIVA NACIONAL
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