30 de septiembre de 2006

ECOS DEL PARLAMENTO

El Grupo Mixto de CPDS de la Cámara de los Representantes del Pueblo de Guinea Ecuatorial, votó a favor del Proyecto de Ley de Prevención y Sanción de la Tortura por ser su grupo el pionero de la iniciativa, y porque ”no había visto a un torturador torturado que le hubiera gustado que se le diera ese trato inhumano”

POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO, SE APRUEBA LA LEY CONTRA LA TORTURA  EN LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

El Viceprimer ministro primero encargado de Derechos Humanos de Guinea Ecuatorial, Aniceto Ebiaka, compareció el 29 de septiembre pasado ante el pleno de la Cámara de los Representantes del Pueblo para presentar el Proyecto de Ley de Prevención y Sanción de la Tortura en nuestro país. Dicho proyecto, dijo,  tenía sus raíces en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial que consagra al ser humano como el fin supremo de la acción gubernamental. Esta normativa venía a cubrir un vacío legal en nuestra normativa jurídica, además de hacer realidad el hecho de que el Estado guineoecuatoriano era parte en la Convención contra la Tortura y otros Tratos Degradantes e Inhumanos y, consecuentemente, estaba sujeto a promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales que había contraído en virtud de los diversos instrumentos internacionales en esta esfera.

El primer viceministro encargado de la custodia de los derechos en cuestión fue breve en su exposición, pero quiso dejar claro en la lectura del proyecto que presentaba al parlamento que la tortura nunca había estado institucionalizada en Guinea Ecuatorial aunque se hubieran dado hechos de esta naturaleza. Prometió que la citada ley iba a castigar a quienes incurrieran en ella con penas de seis meses a seis años de prisión, siendo el Estado de Guinea Ecuatorial el responsable subsidiario si los infractores de la ley fueran funcionarios públicos; además de que los propios ciudadanos estaban obligados a denunciar estos hechos si hubieran sido testigos de ellos. La ley, manifestó, era muy taxativa al respecto y se confiaba su aplicación a los tribunales de justicia del país.

En respuesta a la presentación del representante del ejecutivo, José Manuel Akono, portavoz de la Coalición Democrática, manifestó su deseo de que la ley fuera efectiva y no se quedara en un simple hecho de cara a la galería, pero preguntó en qué estamento oficial podrían denunciar los ciudadanos los casos de tortura. A su modo de ver, pensaba que se tenía que involucrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que en cualquier caso su grupo votaba a favor de esa ley habida cuenta de su importancia en nuestra sociedad.

Plácido Micó, portavoz del grupo de CPDS en el parlamento, propuso que se introdujera una enmienda en el artículo 13 de la normativa que se debatía, sustitución de un artículo indeterminado por un adjetivo posesivo que el pleno aprobó. A continuación, el diputado de CPDS manifestó que era de justicia que y así le hubiera gustado que se reconociera a su grupo la iniciativa de haber impulsado la elaboración del proyecto de ley que se discutía, si se  tenía en cuenta que en las sesiones de marzo-abril del parlamento, enviaron una proposición de ley a la Mesa sobre la materia. No obstante, se alegraba de que existieran muchas coincidencias con el texto presentado por el gobierno y, en este sentido, CPDS iba a votar a favor, aunque muchos de los preceptos del grupo al que representaba hubieran sido rechazados. Renunciaban, por lo tanto, a presentarlos al pleno porque, al fin y al cabo, el resultado sería de sobras conocido. Sin embargo, Micó  se congratuló que el gobierno reconociera todos los preceptos de la normativa internacional sobre la materia, y a tenor de este hecho debería ser consecuente. No obstante, el diputado de CPDS sugirió que debería de existir un órgano competente compuesto de personas competentes y comprometidas en la lucha contra la tortura, y que el gobierno se comprometiera a crear ese órgano.

Por otra parte, Plácido Micó dijo que la lucha contra la tortura era milenaria y la habían padecido todos los pueblos del mundo, porque atentaba contra la dignidad de las personas, de alli que desde la comunidad internacional, desde las misma ONU de decidió en su día  luchar contra esta lacra que es un auténtico crimen contra la humanidad, de los reconocidos en el Estatuto del tribunal Penal Internacional. En Guinea Ecuatorial, acusó Micó, se había venido torturando sistemáticamente pero se debería acabar con ella definitivamente porque perjudicaba a todos y no cabe bajo ningún concepto, como hasta ahora ha venido haciéndolo el PDGE, reivindicar la práctica de la tortura como una tradición cultural particular de los guineoecuatorianos. Y en este sentido dijo que se había encontrado y conocido a muchos torturados en la calle y en la cárcel y, en éste último lugar, nunca había visto a ningún torturador torturado que no llorase y se lamentase por la tortura sufrida, por lo que pedía al gobierno que la ley fuera puesta efectivamente en la práctica y que no se quedara en papel mojado como la de habeas corpus, que nunca ha sido aplicada, ya que cuando se producen las detenciones ilegales que está llamada a evitar y sancionar, ningún Juez, Tribunal, Abogado o funcionario alguno está autorizado a presentarse en los lugares de detención, so pena de resultar el mismo detenido. Y terminó pidiendo el voto a favor de la ley.

El portavoz adjunto del grupo PDGE se felicitó por que todos los grupos hubieran aprobado el proyecto de ley enviado por el gobierno, al que ahora había que dar confianza y a los órganos judiciales.

El ministro agradeció a todos los grupos de la Cámara, además de felicitar particularmente a CPDS por el apoyo a la ley.