27 de septiembre de 2006

ECOS DEL PARLAMENTO

El pasado 26 de septiembre el pleno del Parlamento de Guinea Ecuatorial aprobó la Ley sobre el Procedimiento Administrativo con los votos favorables del Grupo PDGE y el de sus aliados de la Coalición Democrática. El Grupo Mixto de CPDS se abstuvo.

EL MINISTRO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ASEGURÓ QUE LA NUEVA LEY IBA A ESTAR AL SERVICIO EXCLUSIVO DE LOS CIUDADANOS

Con los inevitables votos a favor del Grupo Mayoritario de la Cámara de los Representantes del Pueblo, el PDGE, y los de sus aliados de la Coalición Democrática, se aprobó el Proyecto de Ley sobre el Procedimiento Administrativo. La ley fue presentada por el titular de la cartera de la Función Pública Vicente Ehate Tomí, que grosso modo, destacó que era la reforma más importante que se había emprendido sobre el régimen jurídico de la Administración del Estado. No existían precedentes, añadió, porque el espíritu de la ley radicaba en el propósito de adecuarla al servicio exclusivo de los ciudadanos, con la manifiesta voluntad de afrontar los retos que se presentan en el mundo en el que vivimos, poniendo especial énfasis en, primero,  mejorar el procedimiento administrativo en el sentido de que la atención a los administrados sería el leitmotiv de la ley. Segundo, eliminar la bochornosa figura del “seguimiento del expediente” que hacía que los ciudadanos tuvieran que estar un día sí y otro también en los despachos ministeriales para interesarse por sus expedientes de los que nadie apenas hacía caso, si no se mojaba a los funcionarios de turno. Y, tercero, aumentar la transparencia y la información al público.

El ámbito de aplicación de la ley se extendía a todas las instituciones del Estado: ministerios, tribunales de justicia, delegaciones de gobierno, gobiernos provinciales, comisarías de policía, etc… Por otro lado, se pretendía con esta ley simplificar los trámites administrativos a fin de que fueran gratuitos, rápidos, breves y seguros; el reconocimiento de los derechos de los administrados facilitándoles toda la información pertinente, publicando siempre las disposiciones gubernamentales a través de los medios de comunicación sociales del Estado, con independencia de que los trienios se obtendrían de oficio sin necesidad de que el beneficiario tuviera que solicitarlos. La duración de la tramitación de los expedientes administración tendría una duración máxima de 60 días, y el silencio administrativo, el positivo, se entendería como la aprobación del expediente si no se publicaba en el plazo estipulado, salvo los casos del silencio en su sentido negativo, excepcionales, que significarían la no aprobación del expediente.

En el turno de los grupos parlamentarios de la Cámara de los Representantes, el portavoz de la Coalición Democrática, David Nguema, discrepó por el orden de las comparecencias del día, ya que correspondía hacerlo al Viceprimer ministro primero encargado de los derechos humanos. No obstante, el diputado de Alianza Demócrata Progresista observó que tenía sus reservas sobre el automatismo en la obtención de los trienios y la celeridad y gratuidad de los servicios que decía el ponente iba a ofrecer la administración, pero su grupo apoyaba el proyecto de ley y, por tanto, solicitaba su aprobación por el pleno.

El portavoz del Grupo Mixto del parlamento, Plácido Micó, manifestó, como cuestión previa, su desaprobación por el orden de las comparecencias de los miembros del gobierno ante el pleno que se había cambiado sin dar ninguna explicación a los  grupos parlamentarios, o por lo menos al suyo que representaba. Estos cambios imprevistos se hacían con la malsana intención de impedir que los portavoces pudieran pronunciarse con conocimiento de causa en los diferente asuntos. Pues, él había salido de su casa para participar en el debate de la Ley contra la Tortura mas no en otro. No obstante, y haciendo de tripas corazón, que es sobreponerse para hacer algo que cuesta mucho esfuerzo o repugnancia, Micó consideró que el discurso del ministro de la Función Pública era una especie de más de lo mismo de la comparecencia anterior y, lógicamente, no se había esforzado en dar respuesta a las inquietudes que se le planteó en la ocasión referida. Porque si se quería un mínimo de rigor en el debate de las leyes que el gobierno presentaba al parlamento, no era aceptable la celeridad que se exhibía en el estudio y debate de los proyectos de leyes. Sobre el particular, Micó recordó al pleno que las sesiones de la Cámara de los Representantes apenas duraban más de 20 días y, consecuentemente, no se debatía en profundidad los temas que se presentaban al parlamento por la escasez de tiempo y se preguntó si ello se debía a carencia de dinero, o que no se tomaba en serio el trabajo parlamentario, puesto que la Cámara de los Representantes del pueblo era considerada como una institución inútil por parte de los otros poderes del Estado y en todo caso como una simple caja de resonancia de las decisiones del Ejecutivo. Eso a pesar de que la  Constitución establece dos períodos de sesiones de sesenta días de duración y no se entiende el por qué las sesiones se reducían siempre a unos escasos treinta días.  Y al respecto, el portavoz de CPDS reflexionó que si continuaban las cosas de tal manera su grupo podría limitarse a seguir las sesiones como oyente.

En otro orden de ideas, el secretario general de CPDS lanzó al ministro una batería de preguntas sobre cuáles habían sido las causas del mal funcionamiento de la administración, pregunta a la que no quería contestar el Ministro y dicha falta de respuesta era preocupante, ya que el disfuncionamiento de la Administración no traía causa en los defectos o insuficiencias de la antigua normativa cuanto en los vicios y corruptelas que gangrenaban el funcionamiento de los poderes públicos. También señaló la contradicción existente entre el pomposo discurso del Ministro y los escasos medios económicos que se dedicaba a esta cuestiones, puesto que era muy probable que el Ministerio de la Función Pública ni siquiera disponga de una multicopista para ser llegar el texto de la nueva ley a todos los departamentos de la Administración y no digamos a todos los funcionarios para quienes ni siquiera se prevé cursos para informarles y formarles sobre la nueva ley. En el mismo sentido de los medios materiales puestos a disposición, resulta absurdo que se hable de la modernización de una Administración con una nueva Ley sobre el Procedimiento  administrativo, que ha de aplicarse en las Delegaciones de Gobierno, Comisarías de policía, Ayuntamientos de los distritos del ámbito nacional, cuando en su gran mayoría pasan están sin energía eléctrica 24 horas sobre 24 durante los 30 días de cada mes, y funcionan todavía con viejas máquinas mecánicas, destartaladas que en ningún modo pueden garantizar ni la celeridad, ni la transparencia ni la eficacia que aquí se predica, o simplemente preguntar sobre qué tipo de información se daría a la ciudadanía. Todos estos interrogantes podrían tener respuesta si había una voluntad política expresa. ¿La había? Micó señaló otro aspecto negativo que existía en la administración guineoecuatoriana: la presencia de funcionarios que eran al mismo tiempo miembros de los “servicios de seguridad del Estado”, es decir, de la policía política del régimen, protagonistas de buena parte de la indisciplina, corrupción e incompetencia que caracterizan a nuestra función pública, temidos por los Ministros y otros responsables de sus centros administrativos que no pueden tomar ninguna medida sancionatoria contra ellos  ¿Quién les haría cumplir sus obligaciones? Además, señaló que los bajos salarios y la escasez de recursos humanos y materiales capaces de satisfacer las necesidades del público, harían inviable que el servicio a la ciudadanía fuera bueno y barato como pretendía el ministro, si por ejemplo, el propio parlamento carecía de una multicopista. Y como colofón a su intervención señaló que en el proyecto de ley no había siquiera una disposición transitoria, por lo que, por ésta y otras consideraciones citadas, el Grupo Mixto se abstenía en el voto.

El Grupo PDGE, por medio de su portavoz Francisco Pascual Obama Asue, dijo, a su vez, que como cuestiones previas debía señalar que los trienios se conseguirían de modo automático; que existían unos plazos para presentar enmiendas a los proyectos de ley y el que Parlamento tenía fuerza y consideración y, por eso, no era un organismo inútil como pretendía hacer ver el portavoz de CPDS. En otro apartado de su intervención manifestó que había recursos económicos para la implementación de la filosofía de la ley, porque, dijo, en los Presupuestos Generales del Estado se contemplaban una partida de 2000 millones de F.CFA para la formación del personal; para añadir que el  gobierno trabajaba para que hubiera infraestructuras en la periferia. “Hay voluntad política de cambio porque hay una revolución social, económica y cultural nacional”, enfatizó. Y puso fin a su intervención pidiendo la aprobación del proyecto de ley afirmando que tendría aplicabilidad, además de admitir que se podría presentar al pleno una propuesta sobre la inclusión de una disposición transitoria.

En su respuesta a los diferentes portavoces, el ministro de la Función Pública agradeció primero al adjunto de la Coalición Democrática por su apoyo al proyecto de ley y también por las observaciones que hizo al mismo, en el sentido de que la gratuidad tendría sus excepciones; los trienios se concederían de oficio y que los plazos para la tramitación de los expedientes se reducirán a 60 días como máximo.

Al portavoz del Grupo Mixto, Vicente Ehate respondió diciendo que las afirmaciones de aquél no se correspondían con la verdad, porque su gobierno trabajaba para que mejorara el servicio a los administrados y que se exigirá transparencia en la gestión, además de que habrá medios materiales para que se hagan realidad los objetivos que persigue la ley y por eso pedía la aprobación de ésta. En este mismo orden de ideas, el ministro aseguró al diputado de CPDS que se iba a profesionalizar la función pública incrementando los niveles A y B, y que los ministros tendrán capacidad para sancionar a cualquier funcionario cualesquiera fuera su estatus. Además, destacó que en los presupuestos se contemplaba un incremento del salario de los funcionarios en un 70%, pero la ley no tenía aspectos retroactivos salvo los que beneficiaban a los administrados.

Agradecimientos al Grupo PDGE.

En las réplicas, se abstuvo el grupo de la Coalición Democrática y el Mixto de CPDS, emplazó al ministro para las sesiones del parlamento de marzo-abril de 2007 en las que le preguntará sobre el grado de cumplimiento de las promesas que ahora hacía, y además, dado que en la nueva Ley cuya aprobación se debatía no recogía ningún procedimiento especial por el que la Administración ha de descontar coactivamente una cuota de más del 7% del salario de los funcionarios para financiar ilegalmente al PDGE, su credibilidad como persona y como ministro, así como este discurso de “querer dar un nuevo impulso a la Administración” perderá todo sentido si para el mes de marzo, no ha logrado abolir este auténtico robo que la administración está llevando a cabo contra los ciudadanos, para servir y financiar ilegalmente al PDGE.