25 de septiembre de 2006

ECOS DEL PARLAMENTO

Con la abstención de los dos diputados del Grupo Mixto por entender que por su importancia se debería haber debatido con mayor profundidad, además de hacerla conocer previamente al público

LA CÁMARA DE LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO APROBÓ LOS PROYECTOS DE LEYES DE HIDROCARBUROS Y DE MINAS DE LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Las sesiones plenarias para la presentación de los proyectos de leyes por los respectivos ministros del ramo comenzaron el 21 de septiembre con la comparecencia del titular de Minas, Industria y Energía, Atanasio Ela Ntugu Nsa. La normativa denominada Ley de Hidrocarburos de la República de Guinea Ecuatorial consta de una Exposición de Motivos, 27 capítulos, 118 artículos, una Disposición Adicional, otra Derogatoria y una Final.

Los motivos que se evocan para la elaboración de la citada ley se fundamentan en que la República de Guinea Ecuatorial consagra y define a los bienes que se encuentran en nuestro territorio nacional, incluido el subsuelo, la plataforma continental, islas, la Zona Económica Exclusiva de nuestros mares, como de propiedad de la República de Guinea Ecuatorial en tanto que su legítimo dueño, por cuyo mandato y delegación los administra el gobierno.

Por lo tanto, el ejecutivo de la nación consciente de que se debe adecuar la anterior normativa a la realidad actual habida cuenta del auge del sector de hidrocarburos, superada, por otra parte, la etapa anterior en la que la captación de capital extranjero era fundamental para la cimentación de un marco económico con miras al crecimiento y afianzamiento del sector.

A tenor de estos antecedentes, el gobierno se ha propuesto impulsar el marco económico en la gestión y aprovechamiento de los hidrocarburos, mediante la inclusión en la ley de varios elementos de vital importancia en el contexto jurídico, técnico-comercial, como son los hidrocarburos gaseosos y su monetización, el incremento de la participación del Estado en los hidrocarburos, la articulación del sector de la petroquímica, el Contenido Nacional que incluye elementos o factores propulsores de la economía nacional, el fomento de las capacidades técnicas de los propios guineoecuatorianos, y, en definitiva de un óptimo aprovechamiento y beneficio consecuencia de la actividad que se desarrolla en el sector de hidrocarburos en nuestro país.

De manera similar, el ministro Ntugu Nsa presentó al pleno del parlamento un modelo de Contrato de Participación en la Producción entre la República de Guinea Ecuatorial y la Empresa “X” para el “Bloque Z”. El modelo de contrato consta de 27 artículos con sus correspondientes denominaciones, además de cuatro Anexos A, B, C (éste dispone de seis artículos) y D.

Al término de la extensa y pormenorizada lectura del proyecto de ley, el titular de Minas, Industria y Energía, presentó el Proyecto de Ley de Minas de la República de Guinea Ecuatorial evocando la necesidad de actualizarla en parecidos términos a los de la de Hidrocarburos.

La Comisión del Parlamento encargada del estudio de la normativa leyó las enmiendas que se habían introducido tanto en la Ley de Hidrocarburos como en la de Minas, así como los  dictámenes correspondientes para su posterior remisión a trámite al pleno de la Cámara de los Representantes del Pueblo, aunque en la última de las leyes el secretario de actas de la comisión ad hoc la diera como ya aprobada por la plenaria.

Los turnos de intervención de los distintos grupos políticos de la Cámara de los Representantes, comenzaron, como es habitual, por el portavoz de la Coalición Democrática (CD), Juan Manuel Akono, que agradeció a la comisión de hidrocarburos que hubieran aclarado las dudas de su grupo a determinadas observaciones sobre el proyecto de ley, por lo que sin más disertaciones apoyaba la aprobación de la ley.

El representante del Grupo Mixto, Celestino Bacale, manifestó su protesta por la lectura del dictamen que había hecho el secretario de actas de la comisión de minas que, sin previa aprobación y debate por el pleno, la daba por aprobada en la referida comisión cuando no había sido así. Respecto de la Ley de Hidrocarburos, Bacale reconoció que era indispensable para el país, porque, a su juicio, esa ley era, después de la Constitución, la más importante de la nación, aunque se quejó de que por esa misma razón se debería haber empleado más tiempo para su estudio y debate; con independencia de que su texto se tenía que haber hecho público para que la población la conociera, teniendo en cuenta su incidencia económica en los presupuestos en el país al aportar el sector de hidrocarburos más del 95% de los ingresos en las Cuentas del Estado. En este sentido, Bacale señaló que se debería saber cómo se gastaba el dinero procedente del petróleo, aclarando, no obstante, que la ley no era mala en sí, pero observó que las enormes cifras del presupuesto no se contemplaban en los presupuestos dedicados a sanidad, educación y otros sectores sensibles de nuestra sociedad que necesitaban mayor inyección económica. Bacale indicó también que los ingresos derivados del petróleo daban lugar a que en el país se produjera paradójicamente una situación injusta, permitiendo que en el reparto de los réditos provenientes del sector hagan inmensamente ricos a los detentores del poder, y por el contrario más pobres al 95% de la población que no ve las bondades del boom petrolífero.

Por otra parte, el portavoz adjunto del Grupo de CPDS, admitió que su partido no se oponía al proyecto de ley, pero éste presentaba muchos puntos oscuros además de ser una vergüenza que fueran los americanos quienes aconsejaran al gobierno de Guinea Ecuatorial sobre cómo debería gastar el dinero del petróleo. Había, también, muchos flecos que eran restrictivos y que entraban en flagrante contradicción con lo que se había firmado sobre la no ocultación de información sobre la producción e ingresos. Bacale citó el ejemplo de GEPetrol que no presentaba sus presupuestos al parlamento a pesar de administrar un bien público.  El Grupo Mixto, explicó Bacale, no tenía ningún reparo en reconocer que la actual ley reunía algunos aspectos positivos, si se tenía en cuenta  que con la anterior  algunas empresas del sector no llegaban al 6% en sus pagos al Estado por la explotación de los hidrocarburos, y con la nueva se fijaba un mínimo del 13% con independencia de otras ventajas que beneficiaban al Estado. Por eso, el Grupo Mixto ni votaba a favor ni en contra, pero pedía al gobierno que se esforzara por que el dinero del petróleo llegara a la población.

Sobre el Proyecto de Ley de Minas, Bacale hizo la misma reflexión con el añadido de que ésta tenía solamente una finalidad recaudatoria, por lo que su grupo también se abstenía.

El portavoz del PDGE, Francisco Pascual Obama Asue, dijo no estar de acuerdo con la afirmación del portavoz adjunto del Mixto en el sentido de que la Ley de Hidrocarburos era la segunda más importante de Guinea Ecuatorial, amén de que no tenía por qué recoger contenidos que se contemplaban en los presupuestos generales, por la razón de que era una ley sectorial. Obama Asue destacó, por otro lado, que Guinea Ecuatorial era en la actualidad un ejemplo de transparencia en los manejos del dinero procedente de las industrias extractivas ante los organismos internacionales competentes, para terminar aseverando con rotundidad que la ley restringía el poder de GEPetrol y el de las otras compañías nacionales del sector, además de que la  ley iba a redundar en beneficio del pueblo de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, su grupo pedía la aprobación de los dos proyectos de ley.

En la respuesta a los portavoces de los tres grupos parlamentarios, el ministro dijo que los contratos definían las relaciones entre las partes, además de insistir que los nuevos contratos se iban a ceñir a la nueva ley, evitando los sobrecostos y créditos que los contratistas hacían a sus filiales.

El presidente del parlamento, Salomón Nguema Owono, expresó sus miedos respecto de la disposición transitoria, que exigía la adaptación de los contratos existentes a las circunstancias de la nueva ley, preguntándose por qué la nueva ley no se dejaba solo para los nuevos contratos a firmar en el futuro una vez entrada en vigor la nueva normativa. Además, en un tono grave, dijo que se hiciera constar en acta que no era responsable de lo que pudiera pasar como consecuencia de la introducción de aquella disposición transitoria y conminó a los diputados a tener que pronunciarse sobre la materia antes de proceder a la votación de dicha enmienda, y Santiago Agua se quejó de que se le había dado un documento que no contenía la disposición transitoria de la ley. Ante el temor de que el proyecto de ley que se debatía pudiera ser devuelto al ejecutivo, el portavoz adjunto del PDGE con el claro propósito de que se diera punto final al debate, señaló que no era deseable que se rechazara el proyecto, pero también había que tener presente el cómo las gastaban las grandes compañías petrolíferas si se las contrariaba, dado que ello podía dar lugar a que acabaran con las instituciones del régimen, lo que sería totalmente contraproducente.

Por último, el diputado Plácido Micó portavoz del grupo CPDS (grupo mixto) observó que había sobre el asunto varios problemas, siendo el primero de ellos el de la falta de respeto al Reglamento tanto por la Mesa como por la mayoría del grupo del PDGE. Recordó que cualquier decisión adoptada en comisión, vinculaba a toda la comisión, y que, en el debate de una ley en el plenario, debía hacerse artículo por artículo, aunque, sólo tenían derecho a presentar enmiendas aquellos que habiéndolo intentado sin éxito en comisión, emitieran su reserva al respecto y el consiguiente propósito de reiterar las mismas (las enmiendas ) ante el pleno de la Cámara. Pero la mayoría “aplastante” del PDGE no respetaba esta fórmula y hacía que el pleno votase las leyes en bloque, sin tener que leer el articulado, por que, se supone que la mayoría del PDGE está siempre de acuerdo con lo que le trae su gobierno, lo mismo que con lo que le trae cualquier comisión. El Portavoz de CPDS manifestó su indignación ante la actitud amenazante e intimidatoria del Presidente del Parlamento hacia los diputados, a los que conminaba a votar la tantas veces citada disposición transitoria, subrayando la misma era una enmienda más como cualquiera de las más de un centenar recogidas en el acta de la comisión, por lo que, si había que votar enmienda por enmienda, habría que hacerlo con todas las demás.

En otro orden de consideraciones, Micó se preguntó sobre el por qué del repentino tembleque y miedo que se estaba apoderando de la Cámara, acaso los diputados del PDGE, que se suponía conocían el contenido de los contratos por haber sido muchos de ellos miembros de anteriores gobierno, sabían de algo que de ser afectado daría lugar a una reacción contra el régimen por parte de las petroleras?. Cómo podía concebirse una la entrada en vigor de una nueva regulación en un sector ya operativo como el de hidrocarburos, (con derechos adquiridos, obligaciones de cumplimiento sucesivo, nuevas situaciones que vayan a surgir pero derivadas de contratos ya firmados ..etc) sin contemplar ninguna sola disposición transitoria? Ya en este punto, el portavoz del Grupo de CPDS,  dijo que la situación que se estaba produciendo, era una clara justificación del por qué se abstenían de votar aquellas leyes, pues, como siempre, en todo lo que trae el gobierno a la Cámara, se esconde un engaño y oscuros intereses que nada o poco tienen que ver con la apariencia; en efecto, siguió diciendo, uno de los temas que se ocultan en esta ley es que con ella se está  dirimiendo una batalla entre el Ministerio de Minas y Energía por una parte, y la empresa GEPetrol por otra, que quiere hacerse con el control absoluto del sector petrolero, en detrimento del Departamento tutor, y, eso por razones de preferencias familiares. Por eso, Micó,  que no conocía lo que decían los contratos, y sí muchos de los diputados del PDGE que habían sido anteriormente ministros, no entendía el miedo de los diputados del PDGE sobre la existencia o no de la disposición transitoria,  pero el temor, a lo mejor, podría radicar en que los contratos presentaban algunos aspectos oscuros que ellos conocían y que no querían que se hicieran públicos. Al respecto, exigió que se votara una por una de las enmiendas y no una sola como  pretendía hacer el presidente de la Mesa intimidando al pleno.

Por otra parte, Micó añadió que el responsable del sector de Minas e Hidrocarburos era el ministerio del ramo y, a su juicio, no veía lógica la lucha entre el departamento ministerial y una empresa pública, GEPetrol, dependiente del ministerio y que podría interpretarse como una pugna de competencias entre un alto responsable de la empresa petrolera nacional que se consideraba poderoso por ser cuñado de alguien y el departamento ministerial al que la empresa pública debía rendir cuentas. Por estas y otras razones, el Grupo Mixto se abstenía. En cualquier caso, concluyó Micó, o se respetaba la práctica que se les venía imponiendo del voto de la ley en bloque con todas las enmiendas adoptadas en comisión, o se cambiaba y, en cuyo caso, se debatía y se votaba ante el Pleno una por una todas las enmiendas introducidas en la Comisión.