21 de abril de 2006

CASOS Y COSAS DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES

Los casos  que se presentaron en la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Representaciones del Pueblo fueron una reedición de anteriores sesiones.  Se asistió a una crónica sobre poderosas empresas que violan a conciencia la Ley Laboral de Guinea Ecuatorial en perjuicio de los pobres  trabajadores, pero con el consentimiento de otros poderes paralelos, ya sean los de la propia administración, los del ministerio de Trabajo, o los opacos, que no se ven, pero que están allí como una sombra ominosa que se cierne amenazadora sobre el pobre mindundi que tiene la osadía de pretender levantar la cara, y denunciar los atropellos de que son víctimas cotidianas los ciudadanos de a pie  de este país. No faltan en esta feria los pícaros que, so pretexto de ser pobres, lo son, también participan, a ver si me sale, en este baile de disfraces del quién es más listo y  roba mejor.

Una crónica negra que esta vez escribimos como una especie de relato, no de casos concretos, sino como un muestrario de lo que se ha convertido la sociedad guineoecuatoriana: "nadie duerme", dicen los avispados y avisados en la materia, porque todo vale para poder llevarse el pan a la boca todos los días, o poder comprarse un coche de gran cilindrada y, cómo no, construirse un chalet, que es la moda. Todo el mundo construye. Por eso, si se puede vender un terreno a cuatro o cinco personas diferentes, se han visto muchos casos, no hay problema. Todo se andará, y añade el truhán ufano de su hazaña, las cárceles no se hicieron para los animales, sino para los hombres.

Decíamos al comienzo que los casos que se presentaron al parlamento son un calco de los del año pasado; disputas familiares por terrenos, apropiaciones indebidas de éstos, liquidaciones a la baja de trabajadores despedidos injustamente con la manifiesta connivencia del delegado de trabajo de turno; abusos de poderosos  a ciudadanos menesterosos, y el gobierno que debería cortar por lo sano se convierte en cómplice al hacer oídos sordos a las reivindicaciones de los trabajadores.

Hay empresas, cito el nombre de la todopoderosa Ashtrom, por sólo poner un ejemplo, que se pasa por la piedra cualquier resolución de la delegación de Trabajo de Bata o de los Tribunales de Justicia de la Región continental, la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Representantes del Pueblo incluida, porque se siente y se sabe respaldada por los poderes opacos de los que hablábamos al principio. Porque se convoca a la constructora Ashtrom al parlamento y manda a un pobre diablo que dice ser jefe personal de la empresa y no representa nada. El testaferro se suele limitar a decir, y es verdad, que la directora de Ashtrom prefiere que se pase antes por encima de su cadáver antes que pagar indemnización o liquidación alguna o, si no, prefería antes abandonar el país y dejar la clínica que construye inconclusa. A título de información, Ashtrom Guinea Ecuatorial es una empresa israelí que construye una clínica de lujo en las afueras de la ciudad de Bata, y según fuentes dignas de todo crédito los dueños del centro sanitario pertenecen a una de las familias más poderosas del país. Sobran las palabras, porque de allí procede la arrogancia y el desprecio a las sentencias y resoluciones de los juzgados de la empresa judía.

La picaresca juega también un papel preponderante en el patio de Monopodio en que se ha convertido Guinea Ecuatorial donde, como en la obra cervantina, el más astuto es el que se lleva siempre el gato al agua. El ejemplo más significativo de ello está en que algunos ciudadanos se suelen presentar ante la Comisión de Quejas para denunciar a tal o cual empresa, para, si sale, hacerse con algunos dineros alegando impagos de liquidaciones, cuando se ha cobrado y firmado, abusando de la buena disposición de la comisión de tratar de remediar las carencias de la justicia oficial. A veces la treta da resultados, pero en la gran mayoría de las veces se descubre el pastel y los avispados se ven obligados a marcharse con el rabo entre piernas.

Por otra parte, es notorio que las liquidaciones e indemnizaciones  que hace la delegación de Trabajo a los trabajadores despedidos no  suelen ser muy cristianas, porque las cifras que se les entregan no se corresponden muchas veces a lo que deberían percibir. Por eso estas liquidaciones tienen siempre un tuvo a corrupción, y así se vio un caso en el que un inspector de trabajo prevaricó para beneficiarse y beneficiar a Supermercados Martínez Hermanos cuando esta firma despidió injustamente a tres trabajadores.

Sin embargo, no todo huele a podrido en los casos que se presentan en la comisión, porque, a menudo, se registran gestos de solidaridad de los diputados en socorro de algún ciudadano, y botón de muestra de ello fue la ayuda que se prestó a un joven que por una pelea con otro hace cinco años, tiene el brazo lisiado como consecuencia del machetazo que recibió de su adversario. Pues bien, el joven en cuestión tenía que trasladarse a Malabo para ser operado y el causante del desaguisado es un "pobre de solemnidad", como suele decir con su particular sentido del humor el presidente de la Comisión de Quejas. El pleno de la comisión, a instancias de su presidente, pidió y obtuvo de los miembros de la misma una aportación económica para ayudar a sufragar los gastos de traslado, hospitalización y estancia en Malabo del joven. Dicho y hecho, y en menos tiempo que cantaba un gallo se recogieron más de 300.000 F.CFA, además del billete de avión de ida y vuelta a Bata. Un gesto digno de aplauso.

Otro caso que llamó la atención fue el de un empleado que había sido despedido por la firma en la que trabajaba. El referido trabajador dijo que era el jefe de personal de la empresa y el dueño que no, que era simplemente un capataz. La empresa de referencia, propiedad de un ciudadano guineoecuatoriano, se dedica a la venta al por mayor de cerveza y de cemento, y según testimonio del empleado despedido el propietario le proveyó de unos poderes notariales, los exhibió y entregó a la mesa, para poder obrar en nombre y representación de la empresa. Sin embargo, el dueño de la empresa negó rotundamente que le hubiera dado esos poderes, por lo que una comisión ad hoc de la comisión se trasladó al domicilio del notario de la ciudad para verificar la realidad de los hechos. El notario reconoció que efectivamente la firma que aparecía al pie del documento era la suya, pero el abogado de la empresa denunció que se podía perfectamente adulterar un documento en la notaría aún cuando la firma auténtica del notario apareciera en el mismo. Cabe señalar que la filosofía de la Comisión de Quejas  es la de reconocer  las resoluciones y sentencias de la delegaciones de trabajo y de los juzgados por válidas. Por eso dio la razón al empleado y,  además, por  lo anteriormente dicho, no tenía contrato a pesar de los muchos años de servicios a la empresa además de que nunca se cotizó por él en la seguridad social. El propio empresario reconoció que pocos trabajadores de su empresa estaban contratados ni mucho menos inscritos en el INSESO. La solución al asunto llegó a través de los buenos oficios de una comisión ad hoc que sentó al ex-empleado y al empresario para que amistosamente encontraran una solución. Se consiguió, no sin antes preguntar el presidente de la comisión al empleado despedido si aceptaba volver a trabajar en la empresa, a lo que éste respondió que sí, pero el propietario dijo que no quería saber ya nada del denunciante y que prefería pagar. Al volver a  reunirse ambos con la comisión, se llegó al acuerdo de que el dueño de la empresa debía de pagar cinco de los siete millones de F.CFA que tenía que pagarle al empleado, según resolución judicial. La empresa ha cumplido el compromiso.

En otro orden de ideas, el diputado del Grupo Mixto, Plácido Micó, expresó en varias ocasiones que la Comisión de Quejas no podía en ningún momento suplantar a los juzgados, porque el papel de la comisión era la defensa de los ciudadanos contra los abusos de la administración que, por otra parte, en lugar de resolver los problemas de los administrados, los creaba. Los funcionarios que deberían estar al servicio del hombre de la calle están, sin embargo, al servicio de las grandes empresas que sin ningún escrúpulo se burlaban de las leyes laborales de GE, porque saben que nadie les puede decir nada y por razones obvias. O están protegidos por los prohombres del país, o tiran de la chequera y cierran la boca del funcionario que, hambre, mujer e hijos obligan, se pone de inmediato a mirar en otra dirección. Y el pobre trabajador cabizbajo y desamparado coge lo que le dan, si no lo hace lo pierde todo, y se va silencioso a buscar trabajo a otra parte. Los que tienen valor acuden a la Comisión de Quejas para buscar amparo, y hay que reconocer que muchas veces sus reivindicaciones son satisfechas por las gestiones que hace la comisión, pero en otras ésta suele encontrarse con un muro infranqueable que, como es natural, no puede atravesar. Este es, hasta ahora, el caso Ashtrom. ¿Logrará superar este obstáculo? Atención al próximo episodio de septiembre.

Ni que decir tiene que algo huele mal en Guinea Ecuatorial cuando los ciudadanos dan descaradamente la espalda a los tribunales de justicia, y prefieren acudir a un estamento no judicial para resolver sus problemas. La Comisión de Quejas y Peticiones hace lo que puede por ayudar a la gente, pero ¿este es realmente el papel del parlamento? La respuesta a quien corresponda.