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3 de febrero de 2006
Comunicado de Prensa:
MOCIÓN DE CENSURA CONTRA LA ALCALDESA DE MALABO
El pasado mes de mayo siete concejales, entre los cuales cinco tenientes de alcalde, han presentado una moción de censura contra Isabel Eraul Ivina, alcaldesa de la ciudad de Malabo, acusándola de corrupción y mala gestión al frente de la corporación municipal capitalina.
Esta moción de censura estaba respaldada por Doña Coloma Edjang Mbengono, primera teniente de alcalde (PDGE); Don Crispín Sangale Rondo, tercer teniente de alcalde(PDGE); Doña Ave María Buika Belope, cuarta teniente de alcalde (PDGE); Don Vidal Chony Becoba, quinto teniente de alcalde (PDGE) y Don Jose Manuel Dougan, sexto teniente de alcalde (ADP). También firmaron la moción los concejales Don Cristino Bueriberi Bokesa (UDENA) y Doña Micaela Gomez (ADP).
Los partidos firmantes de esta moción de censura son los que conforman la mayoría municipal que gobierna la alcaldía de Malabo, con nueve de los trece escaños que corresponden a la circunscripción electoral de la capital del país. La oposición formada por los cuatro concejales de CPDS que, solos, no alcanzan el porcentaje de un tercio de concejales, necesario para poder presentar una moción de censura, no fueron asociados a la iniciativa. Tampoco firmó la moción el segundo teniente de alcalde Don Gabriel Orobiyi Bankole, considerado como cómplice de la alcaldesa en sus actos de corrupción.
Los firmantes de la moción de censura acusan a Isabel Eraul Ivina de:
-Falta de confianza en los concejales que la eligieron como alcaldesa.
-Insultos a los miembros de la corporación, constantes amenazas de cese a los miembros del gobierno municipal y acusaciones contra ellos ante el Primer Ministro.
-Violación sistemática de los acuerdos adoptados por el Pleno.
-Falta de transparencia en las cuestiones administrativas y en la gestión financiera del Ayuntamiento.
-Falta de aplicación rigurosa del presupuesto municipal.
-Contratación de servicios y adjudicación de obras sin el consentimiento del Pleno y en flagrante violación de las disposiciones de la Ley reguladora de la Administración Local.
-Malversación de los recursos económicos y donaciones que recibe el ayuntamiento tanto de personas físicas como de otras entidades.
-Viajes al exterior sin siquiera notificación al Pleno ni a la Comisión Permanente.
A raíz de la moción de censura el Gobierno creó una comisión de investigación cuyos resultados demuestran que el 70% de las acusaciones son ciertas y que se había establecido un sistema de corrupción generalizada en el ayuntamiento de Malabo.
Hay conexiones entre tenientes de alcalde, empresas y funcionarios de la entidad para desviar dineros público de tal manera que, por ejemplo, en el servicio de agua y basura, bajo la responsabilidad de Gabriel Orobiyi, más de un 40% de los ingresos van a parar a cuentas particulares.
Se han descubierto nóminas fantasmas, cobradoras privadas, adjudicaciones clandestinas de obras, imputación de gastos dudosos al ayuntamiento. Se ha podido averiguar la existencia de más de diez cuentas sospechosas del ayuntamiento en bancos comerciales de Malabo.
Esta atípica trama PDGE contra PDGE -atípica porque no tiene mucho sentido que el procedimiento a utilizar para apartar a un colega de partido, en una institución pública de carácter pluralista, sea la moción de censura, y porque normalmente es la oposición la que suele recurrir a ese procedimiento-, viene a confirmar que la corrupción se ha erigido en un sistema de administración en nuestro país.
Más de medio año después de la presentación de la moción de censura, parece que tanto desde el Gobierno como desde el PDGE se está haciendo todo lo posible para menguar el asunto y no dirimir responsabilidades.
No resulta sorprendente que el Gobierno del PDGE no quiera tomar las medidas que en cualquier país normal se impondrían tanto política, administrativa como judicialmente.
Son ya legión los casos en que cargos políticos y altos funcionarios de la administración del Estado son premiados con más altas responsabilidades a pesar de haber malversado fondos públicos.
Si puede llegar a ser Primer ministro, Jefe del Gobierno, una persona como el señor Abia Biteo, que, cuando era Ministro de Economía y Hacienda, fue interpelado por el parlamento dominado por su propio partido y acusado de malversar fondos del Estado, poco se puede esperar del gobierno actual en materia de lucha contra la corrupción. No obstante, desde CPDS creemos que el Gobierno y el PDGE tienen con este caso la oportunidad de demostrar que quieren y pueden luchar contra las prácticas corruptivas y la malversación de caudales públicos. En esta lógica pedimos la dimisión de la alcaldesa de Malabo y la depuración de responsabilidades políticas y judiciales que convengan en derecho.
Malabo a 3 de febrero de 2006
LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
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