13 de enero de 2006

Comunicado sobre Orden de reglamentación del transporte urbano

Tras la publicación de la Orden emanada del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales relativa a la reglamentación del transporte urbano en  las ciudades de Malabo y Bata, CPDS hace eco del extremo malestar y estupor que dicha disposición ha suscitado en  la opinión pública nacional y la profunda indignación que provoca la antes citada orden ministerial en las capas más humildes de la población.

En efecto, el señor ministro del Interior ha decidido que en un plazo de sesenta días, todos los vehículos que hoy se utilizan en el servicio de taxi, sólo podrán servir para uso privado personal, y en ningún caso podrán seguir siendo utilizados para el transporte de pasajeros.

Por otra parte, la orden ministerial indica que sólo se admitirán trescientos vehículos, para cada una de las ciudades de Malabo y Bata, precisando además que los coches en cuestión deberán ser de primera mano y de marca Mercedes-Benz.

Otro aspecto relevante de la Orden del ministro del Interior es que, desde la entrada en vigor de esa disposición, quedará prohibido ejercer de manera autónoma la profesión de taxista. Estos últimos tendrán obligatoriamente que formar empresas de transportes o agruparse en cooperativas de taxis so pena de sufrir la interdicción de ejercer dicho oficio.

Ante semejante cúmulo de despropósitos y la manifestación de tan magna irresponsabilidad, Convergencia para la Democracia Social hace las siguientes puntualizaciones:

El gobierno del PDGE se ha mostrado incapaz de llevar a cabo una política de transporte público terrestre, aéreo y marítimo que garantice a los ciudadanos de este país, seguridad y movilidad.

Si cierto es que el transporte de pasajeros necesita una reglamentación mejor que la actual para mejorar el servicio tanto para el taxista como para el usuario, no es menos cierto que los poderes públicos no deben nunca, en esa tarea de mejora del funcionamiento del sector, atropellar a los ciudadanos ni lesionar sus derechos.

El derecho de asociación  es, valga la redundancia, un derecho y no una obligación. Los taxistas, como muchos otros profesionales, tienen derecho a agruparse en asociación o cooperativa por voluntad propia y, también, les asiste el derecho de trabajar individualmente si así lo desean.

Es altamente sospechoso que se imponga una sola marca de vehículo y que además sea de primera mano.  Seríamos el único país del mundo y de la CEMAC en el que los taxis deben ser de la misma marca.
En ningún país del mundo todos los taxis son de primera mano. Lo que resulta imprescindible, en nuestro caso, es reforzar la inspecciones para garantizar la seguridad de los usuarios y viandantes.

A pesar de la explotación de petróleo, un poco más del sesenta por ciento de nuestra población sigue viviendo muy por debajo del umbral de pobreza, y no se entiende que, sabiendo el origen humilde de la mayoría de los taxistas, el gobierno del PDGE les quiera obligar a adquirir coches cuyo coste supera con creces lo que puedan ganarse durante toda la vida.

No es descabellado pensar que en el origen de esta orden ministerial  haya una verdadera operación mafiosa de prohombres del régimen de Obiang que pretenden hacerse con el sector a expensas de la clases humildes de la población.

 Convergencia para la Democracia Social viene en señalar una vez más la absoluta falta de voluntad del gobierno del PDGE de conducir el país por el sendero de la libertad, paz, justicia social y  hace un llamamiento a los taxistas y a la población en general a oponerse y rechazar una orden encaminada a aportar pingües beneficios a la minoría de siempre y miseria, paro y malestar para la mayoría de nuestros conciudadanos.

Finalmente, CPDS invita al Gobierno a retirar la orden ministerial para corregir el enorme error y la grave injusticia que está cometiendo contra la ya muy sufrida población de Guinea Ecuatorial.

Malabo a 13 de enero de 2006
LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL